Javier Ruiz, ex concejal electo de la fuerza libertaria y estrecho colaborador del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, radicó la presentación penal en el Juzgado Federal. La maniobra busca sentar bajo juramento al ex titular de la Juventud Peronista y golpear al corazón del esquema quintelista.

Lo que en el plano formal ingresó a los tribunales como la solitaria iniciativa de un vecino preocupado por la seguridad terminó de descorrer el velo de una cuidada jugada política de alto voltaje. Detrás de la denuncia penal radicada este sábado ante el Juzgado Federal de La Rioja para investigar presuntos delitos de narcotráfico y corrupción a partir de los dichos de Facundo Puy, se encuentra la mano directa del armado de La Libertad Avanza. El denunciante, Javier Horacio Ruiz, es el ex concejal electo del espacio libertario en la Capital cuya asunción fue trabada por la mayoría justicialista, y responde orgánicamente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

La presentación judicial representa el salto definitivo de la fractura del peronismo riojano hacia el terreno penal. Tras la entrevista exclusiva difundida por este portal, donde el ex edil e hijo del ministro Ariel Puy Soria denunció la existencia de «cocinas de droga» en la provincia, aprietes de muerte y movimientos de bolsos de dinero atribuidos al ex diputado Carlos Machicote, el búnker libertario decidió no dejar pasar la oportunidad de trasladar el escándalo a los estrados federales.

El denunciante: un cuadro libertario en el territorio

Ruiz no es un actor desconocido en el tablero capitalino. Electo como edil suplente y promovido por el espacio de Menem para ocupar una banca en el Concejo Deliberante tras la renuncia de bancas libertarias, su jura permanece paralizada por el bloqueo del bloque justicialista. Lejos de replegarse, el dirigente consolidó su rol como operador territorial y asistente directo del titular de la Cámara baja en los barrios populares del departamento Capital.

Al plasmar su firma en el escrito de 21 fojas que ingresó a la fiscalía federal, Ruiz actuó como el brazo ejecutor de una estrategia diseñada en las oficinas libertarias: aprovechar el fuego amigo desatado por el propio seno del oficialismo para abrir una causa penal que escape al control de la justicia ordinaria provincial.

«La Justicia Federal no puede permanecer indiferente cuando un ex funcionario y dirigente del propio partido de gobierno afirma con nombre y apellido que en La Rioja se fracciona paco y que se encubren delitos desde las estructuras estatales», deslizan en el entorno de la conducción libertaria sobre los fundamentos de la movida.

De la interna justicialista a los tribunales federales

La maniobra de Ruiz coloca a Facundo Puy en una encerrona procesal determinante. El escrito solicita expresamente que el ex presidente de la Juventud Peronista sea citado a prestar declaración testimonial bajo juramento de decir verdad. En esa instancia, el ex concejal quedará obligado a aportar precisiones sobre los lugares de elaboración de estupefacientes que mencionó públicamente, identificar a los funcionarios provinciales que habrían desoído sus advertencias y detallar los supuestos traslados de fondos de Machicote.

Si Puy ratifica y aporta pruebas de sus acusaciones, la causa adquirirá un volumen judicial de consecuencias impredecibles para la Casa de las Tejas, abriendo investigaciones por infracción a la Ley 23.737, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por el contrario, si retrocede en sus afirmaciones o las minimiza como un mero desahogo político, quedará expuesto a imputaciones por falso testimonio.

El escrito de Ruiz pone especial énfasis en los convenios internacionales contra la corrupción y en el régimen penal de estupefacientes, dos materias donde la competencia federal es originaria e improrrogable, impidiendo que el expediente sea derivado a los juzgados de instrucción locales.

El plan de Martín Menem para acorralar a la Casa de las Tejas

La ofensiva en los tribunales se inscribe en la carrera por el poder territorial de cara a 2027, en momentos donde el peronismo del interior —encabezado por los armadores de Chilecito— presiona al gobernador Ricardo Quintela para anticipar los comicios provinciales a mayo ante el agotamiento de los recursos financieros y la falta de horizonte de gestión.

En el campamento libertario leen que el oficialismo riojano atraviesa su hora de mayor debilidad política, jaqueado por la falta de transferencias discrecionales de la Nación, la inminente salida de circulación de los bonos Chachos y una sucesión abierta donde proliferan las disputas intestinas. Con Menem consolidado como la principal figura opositora y sin techo electoral en las encuestas, la decisión de judicializar las denuncias de Puy Soria busca dinamitar la línea de flotación moral del discurso oficialista.

El Juzgado Federal deberá resolver en las próximas horas si hace lugar a las medidas de prueba solicitadas por el apoderado libertario y fija fecha para la citación de Facundo Puy. La interna peronista dejó de ser un intercambio de reproches radiales para convertirse en un expediente judicial que promete sacudir los cimientos del poder político en La Rioja.

La denuncia