El dirigente Javier Horacio Ruiz formalizó una presentación en el Juzgado Federal para que se investiguen posibles infracciones a la Ley 23.737. Aportó registros audiovisuales y pidió citar al ex concejal tras sus explosivas acusaciones sobre presuntas cocinas de droga y fondos oscuros en el oficialismo.
La crisis política desatada por la fractura interna en el oficialismo provincial cruzó de manera definitiva las fronteras del debate mediático para instalarse en los estrados judiciales. El dirigente Javier Horacio Ruiz, alineado con el espacio de La Libertad Avanza, radicó una denuncia penal en el Juzgado Federal de La Rioja solicitando la inmediata apertura de una investigación por presuntas infracciones a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737) y delitos conexos contra la administración pública, tras las declaraciones vertidas semanas atrás por el ex concejal de la capital, Facundo Puy Soria.
El escrito judicial, ingresado formalmente ante el magistrado federal con competencia en la provincia, fundamenta la jurisdicción de excepción en la gravedad institucional de los hechos narrados por el hijo del ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria. La presentación exige la citación a declaración testimonial del ex edil capitalino para que ratifique o rectifique sus afirmaciones bajo juramento de decir verdad y aporte nombres, fechas y ubicaciones concretas sobre los presuntos laboratorios de sustancias ilícitas que denunció en el seno del poder local.
La judicialización del conflicto representa un golpe directo hacia el corazón del esquema político de la Casa de las Tejas. Al solicitar medidas probatorias urgentes y acompañar la presentación con un sobre lacrado que contiene copias de las entrevistas periodísticas brindadas por el ex concejal, el denunciante busca forzar a la Justicia Federal a intervenir en un territorio donde el justicialismo riojano administraba hasta ahora sus diferencias puertas adentro.
La presentación judicial: infracción a la Ley 23.737 y pedido de testimonial
El petitorio articulado por Ruiz ante el tribunal federal solicita la instrucción inmediata de diligencias preliminares orientadas a constatar la verosimilitud de las imputaciones públicas. El texto califica los dichos de Puy Soria no como meras disputas verbales de barricada partidaria, sino como una confesión calificada proveniente de un ex funcionario que integró la mesa de decisiones del oficialismo y que aseguró conocer de primera mano el funcionamiento de circuitos delictivos protegidos.
En el primer punto de su objeto procesal, la denuncia remarca que la eventual existencia de centros de procesamiento o distribución de estupefacientes vulnera de forma flagrante la ley penal federal, demandando la intervención preventiva de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ruiz remarcó en sus redes sociales la expectativa de que el juez de la causa no demore la convocatoria al testigo para que brinde precisiones sobre sus afirmaciones.
El denunciante incorporó además una solicitud para que se libren oficios a distintos organismos públicos con el fin de resguardar pruebas documentales y patrimoniales que pudieran estar vinculadas a los hechos denunciados. La estrategia procesal busca evitar que el paso del tiempo o presiones políticas diluyan la carga probatoria acumulada en las declaraciones audiovisuales.
El trasfondo: fondos oscuros, amenazas y presuntas cocinas
El origen de la causa penal se remonta al estallido público protagonizado por Facundo Puy a fines de septiembre, cuando anunció su ruptura definitiva con la conducción del Partido Justicialista. En aquella oportunidad, el ex concejal formuló gravísimas acusaciones contra el dirigente Carlos Machicote, a quien responsabilizó por amenazas de muerte dirigidas hacia su integridad física y la de su círculo familiar tras negarse a convalidar maniobras de financiamiento irregular.
En sus intervenciones públicas, Puy describió la supuesta salida de bolsos con dinero en efectivo desde el Banco Rioja destinados a solventar estructuras partidarias y gastos privados, mencionando la adquisición de residencias de lujo y cuestionando el origen patrimonial de encumbradas figuras de la administración provincial. Sin embargo, el tramo más alarmante de su denuncia apuntó a la presunta instalación de cocinas de droga y redes de comercialización de paco en barriadas populares de la capital.
La gravedad inusitada de esas imputaciones había generado estupor en la sociedad riojana, pero hasta el momento ningún fiscal provincial había promovido actuaciones de oficio para esclarecer la denuncia. Con la presentación formal de Ruiz en el fuero federal, la investigación adquiere un marco procesal formal que obligará a los tribunales a pronunciarse sobre la competencia y la citación de los involucrados.
La ofensiva libertaria sobre las fracturas del oficialismo
La jugada de Ruiz se inscribe dentro de la ofensiva política que La Libertad Avanza despliega en la provincia de la mano de Martín Menem. El oficialismo nacional resolvió no dejar pasar las revelaciones surgidas desde el riñón del quintelismo, utilizando las herramientas de la Justicia Federal para cercar a los principales operadores de la gobernación en momentos donde el peronismo debate su rearmado de cara al calendario electoral de 2027.
En los despachos de la Casa de las Tejas observan la presentación con extrema cautela. Si bien en un primer momento el Ejecutivo provincial intentó encapsular las declaraciones de Puy Soria como un despecho personal derivado de la interna capitalina, la apertura de un expediente penal en el Juzgado Federal amenaza con abrir un frente judicial impredecible que involucre a ministros, legisladores y directivos bancarios.
La determinación de Ruiz de sostener la denuncia penal pone a prueba la celeridad de los tribunales federales de La Rioja. Con el video de las declaraciones incorporado formalmente a la causa y la solicitud de citación testimonial sobre el escritorio del juez, la política riojana aguarda con expectativa los primeros pasos de una investigación que promete sacudir los cimientos del poder provincial.
