La diputada nacional acusó a La Libertad Avanza de trabar la obra pública antes de la sesión por el DNU 70. Martín Menem amplificó la dura respuesta del dirigente Javier Ruiz, quien acusó al oficialismo riojano de utilizar expropiaciones estatales para negocios privados.
La batalla política entre el peronismo riojano y el oficialismo libertario sumó un enfrentamiento virtual de alto voltaje en la antesala de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación donde la oposición buscará voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La diputada nacional Gabriela Pedrali cruzó de manera directa a la bancada de La Libertad Avanza por impulsar una iniciativa para habilitar desalojos exprés y encarecer los procesos de expropiación para obras de infraestructura, denunciando una maniobra distractiva para eludir el debate parlamentario de cara a la sociedad.
La respuesta desde el campamento libertario no tardó en llegar y contó con la convalidación del presidente del cuerpo legislativo, Martín Menem, quien reposteó la réplica formulada por el dirigente Javier Horacio Ruiz. El referente libertario —quien acaba de radicar una denuncia penal en los tribunales federales por presuntos vínculos con el narcotráfico en la administración local— le contestó con dureza a la legisladora justicialista, asegurando que el proyecto oficialista busca defender la propiedad privada para evitar que el Estado riojano continúe ejecutando expropiaciones discrecionales en beneficio de testaferros a precios viles.
El cruce de acusaciones transparenta la ferocidad de la contienda entre ambos espacios en la provincia, donde el debate por la propiedad de la tierra y los fondos de la obra pública se entrelaza con las sospechas de corrupción ventiladas por la fractura interna del justicialismo. A escasas horas de que se abra el recinto para definir la vigencia del decreto de desregulación económica, la confrontación escaló al plano patrimonial e institucional.
Cruce en las redes a horas del debate por el DNU 70
Pedrali utilizó sus canales digitales para alertar sobre la letra chica de los proyectos que promueve el bloque libertario en el Congreso Nacional. La ex ministra de Desarrollo Social riojana advirtió que el discurso oficial sobre la defensa de la propiedad privada encubre mecanismos normativos diseñados para acelerar los lanzamientos de familias vulnerables de sus viviendas, al tiempo que impone trabas presupuestarias a las expropiaciones indispensables para trazar rutas, acueductos y tendidos eléctricos.
Bajo la consigna de articular a los diputados de Unión por la Patria con las bancadas federales para defender a La Rioja, Pedrali sostuvo que la Casa Rosada prefiere apelar a estratagemas legislativas antes que convalidar el tratamiento del DNU 70, que ya cuenta con el rechazo del Senado. Para el oficialismo provincial, el intento libertario de restringir las utilidades públicas busca consolidar la parálisis de la infraestructura en los distritos del norte argentino.
El mensaje de la legisladora pretendió cohesionar a los bloques provinciales frente a las presiones del Poder Ejecutivo central, señalando que la caída del decreto representa una condición necesaria para devolver previsibilidad a los asalariados y detener la desregulación de sectores sensibles de la economía.
De los desalojos exprés a las acusaciones de testaferros
La réplica de Ruiz, respaldada por la estructura digital de Menem, apuntó directamente al corazón de la política de tierras y hábitat que conduce la provincia. El dirigente libertario utilizó la palabra expropiación para asociarla a presuntas maniobras de apropiación indebida de bienes inmuebles, afirmando que las herramientas legales del Estado provincial han sido utilizadas para perjudicar a propietarios legítimos y transferir parcelas estratégicas a personas interpuestas vinculadas al poder político.
La acusación adquiere una densidad judicial inmediata al coincidir con la presentación que el propio Ruiz efectuó ante el Juzgado Federal para que se investigue el testimonio de Facundo Puy Soria, quien denunció la compra de mansiones y enriquecimientos patrimoniales inexplicables dentro de la cúpula justicialista. Al calificar las expropiaciones como una vía para la compra a precio irrisorio por parte de interpósitas personas, el libertarismo colocó la sospecha penal sobre las políticas de suelo del gobierno provincial.
En el entorno de la diputada nacional desestimaron los dichos de Ruiz calificándolos de difamaciones sin sustento promovidas desde el búnker menemista para ensuciar la discusión parlamentaria. Sin embargo, en el tablero político reconocen que el contraataque libertario busca horadar la credibilidad del oficialismo en momentos donde se debaten proyectos de emergencia habitacional y crediticia.
La pulseada de fondo por el control de la tierra y la obra pública
El cruce público expone dos visiones irreconciliables sobre el ordenamiento territorial y el rol de las instituciones. Mientras el gobierno de Ricardo Quintela reivindica la potestad del Estado para declarar la utilidad pública de terrenos e inmuebles en función de programas sociales como el Plan Angelelli o corredores productivos, La Libertad Avanza promueve un blindaje absoluto de los derechos dominiales individuales para limitar la intervención estatal en el mercado inmobiliario.
La disputa adquiere ribetes particulares en La Rioja, donde la administración provincial mantiene una prolongada controversia con grandes tenedores de tierras en el interior y promueve la nulidad de operaciones históricas de concentración rural. Al mismo tiempo, la confrontación por el DNU 70 pone en juego la vigencia de la derogada Ley de Tierras, cuya restitución es reclamada por las organizaciones comunitarias para evitar la venta de recursos hídricos y minerales a capitales extranjeros.
La polarización desatada entre Pedrali y el tándem Menem-Ruiz anticipa el clima que predominará en el recinto de la Cámara de Diputados. Con acusaciones que van desde el desamparo social hasta la corrupción patrimonial, los dos polos dominantes de la política riojana libran una pulseada sin tregua que define las reglas de juego de la propiedad y el poder en el distrito.
