El diputado provincial y dos veces intendente detalló el traspaso del establecimiento al predio municipal tras la partida de Vulcalar. Definió a Luis Giordano como «un compañero que apostó al pueblo», mientras los 21 operarios ratifican las denuncias por trabajo en negro y fraude contable.

La crisis desatada por la clausura definitiva de la planta procesadora de nueces en Sanagasta sumó la palabra del principal referente político del departamento. El diputado provincial y ex intendente del distrito, Federico Sbíroli, se refirió públicamente al cierre de la empresa que dejó a 21 familias sin sustento laboral, explicando los sucesivos esquemas de auxilio estatal que el municipio desplegó para sostener el emprendimiento antes de que su titular, Luis Giordano, decidiera bajar las persianas.

El legislador departamental buscó despejar cuestionamientos sobre el rol del Estado comunal en el conflicto, detallando que la firma operaba en el pueblo desde 2013 en un galpón privado alquilado al ex jefe comunal José «Meco» Barrios. Tras la desarticulación de la fábrica de calzado Vulcalar a finales de 2023, la intendencia acordó con Giordano la cesión gratuita de una nave del polo industrial municipal para eximirlo del pago de alquileres y amortiguar el encarecimiento de sus costos operativos.

Sin embargo, las declaraciones de Sbíroli se dan en un marco de marcada contradicción con los hechos ventilados en los tribunales laborales. Mientras el diputado reivindicó al empresario calificándolo como un trabajador comprometido con la comunidad, la representación legal de los operarios avanza con denuncias penales por fraude y desvío de fondos, demostrando que el personal prestó servicios sin registrar durante más de una década en un predio facilitado por el poder público.

La defensa del empresario y el traslado a la nave de Vulcalar

Sbíroli detalló la cronología de las gestiones que la comuna encaró para evitar la pérdida de los puestos de trabajo en el ejido urbano. Explicó que, frente al deterioro de la rentabilidad del sector nogalero a comienzos de año, el municipio intervino facilitando la mudanza de la maquinaria hacia las instalaciones que habían quedado vacantes tras la retirada de la fabricante de suelas de zapatillas.

El legislador remarcó que la totalidad de la nómina estaba compuesta por vecinos sanagasteños, motivo por el cual el Ejecutivo municipal decidió otorgar facilidades extraordinarias que incluyeron la cobertura del consumo eléctrico y la eximición de tasas de comercio e industria. Según su relato, el cierre de la planta respondió a la retracción económica generalizada que asfixia a las pequeñas empresas en todo el país.

El dirigente insistió en que el titular de la procesadora mantuvo una conducta colaborativa a lo largo de trece años de actividad en la villa veraniega. No obstante, admitió el impacto social que representa la pérdida de estas fuentes laborales en una comunidad donde la oferta de empleo formal en el sector privado es prácticamente inexistente.

El contrapunto con las denuncias de fraude e informalidad

La caracterización benevolente formulada por el ex jefe comunal colisiona de lleno con los testimonios recogidos en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Las abogadas de los trabajadores confirmaron que las 21 personas despedidas se desempeñaban en condiciones de extrema precariedad, sin cobertura de accidentes laborales, sin obra social y con salarios congelados en 500.000 pesos, muy por debajo de los valores fijados por los convenios nacionales.

Asimismo, la investigación patrimonial encarada por la representación letrada acreditó que Giordano mantiene una calificación bancaria óptima ante el Banco Central y posee bienes registrables a su nombre, lo que desarmó la justificación de una crisis económica real para pagar indemnizaciones reducidas al 50%. Los delegados obreros denunciaron que el empresario comercializó la cosecha de nueces procesada en el galpón municipal y eludió el pago de las liquidaciones finales.

En el plano judicial, los operarios mantienen la custodia de las maquinarias inventariadas por escribano público dentro de la nave comunal para impedir su retiro, mientras el actual intendente, José Luis Flores, gestiona ante la Casa de las Tejas un subsidio de contención de emergencia para las familias damnificadas.

La seguidilla de cierres fabriles en el bastión de Sbíroli

El desenlace de la procesadora de nueces expuso la fragilidad del entramado productivo de Sanagasta, un departamento que en el último año acumuló cuatro cierres de establecimientos industriales y cooperativos. Tras la clausura de la cooperativa Unidos por la Lucha —que ocupaba las antiguas instalaciones de Puma—, la desaparición del polo nogalero deja al descubierto los límites de las políticas de subsidio comunal ante la apertura comercial de la Casa Rosada.

Para Sbíroli, quien mantiene una banca estratégica en el bloque justicialista de la Legislatura provincial, el conflicto representa un foco de desgaste en su propio territorio de influencia. La oposición local comenzó a cuestionar la falta de controles laborales sobre una firma que operó durante años en instalaciones públicas sin que el municipio exigiera la regularización formal de sus operarios.

Con audiencias políticas programadas junto al diputado nacional Ricardo Herrera y la intervención del gobernador Ricardo Quintela en agenda, el oficialismo sanagasteño busca contener las consecuencias de un conflicto que amenaza con derivar en cortes de ruta y marchas hacia la capital riojana. En la villa turística, la desilusión de los trabajadores despedidos transformó la promesa de industrialización en una batalla judicial por la dignidad laboral.