El presidente del radicalismo riojano advirtió que las deudas municipales deben cobrarse conforme a la ley y no avasallando las garantías constitucionales. A través de un pronunciamiento partidario, el Comité Provincial sostuvo que la expropiación no es un castigo administrativo ni un capricho político de la Intendencia.
La controversia desatada por el anuncio de remates judiciales y sanciones sobre terrenos baldíos en la Capital sumó una contundente intervención institucional. El presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Gustavo Galván, confrontó de manera directa al intendente Armando Molina, exigiéndole que encuadre el cobro de tasas dentro de los procedimientos legales ordinarios y recordándole que las facultades de un jefe comunal se encuentran subordinadas a la Carta Magna.
«No confundamos autoridad con impunidad. Las deudas se cobran por ley, no amenazando la propiedad privada. Ningún intendente debería creerse por encima de la Constitución. Los cargos son temporales, la Constitución no», disparó el titular del radicalismo riojano a través de sus canales oficiales, fijando un límite terminante al avance de la Comuna sobre parcelas particulares.
Advertencia institucional al Palacio Ramírez de Velasco
La reacción de Galván se acopló a un pronunciamiento formal del Comité Provincial de la UCR, que emitió un documento de rechazo frente a los operativos del Palacio Ramírez de Velasco. Desde el centenario partido denunciaron que la Intendencia apela a mecanismos intimidatorios que distorsionan el poder de policía municipal, utilizándolo como una herramienta coactiva que atenta contra la seguridad jurídica de los vecinos de la Capital.
«La propiedad privada no puede quedar a merced del intendente», sentenció la conducción de la UCR La Rioja en su declaración. El documento partidario subrayó que el Municipio carece de atribuciones extraordinarias para disponer el despojo patrimonial: «Armando Molina no puede amenazar con expropiar inmuebles por deudas o infracciones municipales. La expropiación no es un castigo ni un capricho político, sino una medida excepcional sujeta a la Constitución y la ley».
Los límites a la vía ejecutiva y el debido proceso
El planteo técnico de la dirigencia boina blanca apuntó a la ilegalidad de saltarse el trámite de apremio judicial. Juristas del radicalismo remarcaron que, ante la falta de pago de tasas por servicios de limpieza o multas contravencionales, el camino establecido por la normativa vigente es la demanda ejecutiva individual en los juzgados civiles ordinarios, donde el ciudadano cuenta con plazos formales, excepciones procesales y derecho a la defensa antes de cualquier traba de embargo o eventual subasta.
En ese marco, Galván alertó que pretender apurar la venta de inmuebles mediante resoluciones sumarísimas dictadas por la propia administración coloca a los funcionarios municipales al borde de responsabilidades penales por abuso de autoridad. La advertencia radica en que un cobro tributario no puede transformarse en un mecanismo encubierto de apropiación de tierras.
Cohesión opositora frente a la avanzada comunal
El posicionamiento de Galván y del Comité Provincia fortalece la trinchera opositora en la Capital, sumándose a las críticas de la expresidenta partidaria Cristina «Nani» Salzwedel y a los pedidos de informes impulsados por la concejal de La Libertad Avanza, Gisela «Yiyi» Ceballos, respecto a las multas que llegan al millón de pesos. Por primera vez en el debate capitalino, todo el espectro no peronista unifica su discurso bajo la bandera irrestricta de la defensa de la propiedad privada.
Mientras en los pasillos de la Comuna defienden la rigidez de los controles argumentando razones de higiene urbana y combate a la especulación inmobiliaria, la impugnación de la UCR anticipa un bloqueo administrativo y judicial a las subastas anunciadas. La discusión dejó de ser un diferendo vecinal por baldíos para transformarse en un choque de fondo sobre las garantías republicanas en la principal jurisdicción de la provincia.
