El diputado provincial Diego Molina Gómez votó en contra de la designación del actual ministro de Seguridad y denunció la colonización partidaria del Poder Judicial bajo el nuevo sistema acusatorio. Reveló que los equipos técnicos libertarios redactan una propuesta de intervención federal por un año amparada en la Constitución Nacional.

La designación de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal abrió una controversia institucional sin precedentes en la provincia. Tras la votación en la Cámara de Diputados donde el oficialismo aprobó el pliego de Miguel Ángel Zárate para consagrarlo como Fiscal General, el diputado por La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, rechazó de plano el nombramiento y anunció una medida de extrema gravedad: su espacio trabaja en el andamiaje legal para impulsar una intervención federal circunscripta exclusivamente a la Función Judicial de La Rioja.

«La Libertad Avanza no acompañó el pliego del nuevo Fiscal General. La Justicia de La Rioja no puede seguir en manos del quintelismo», sentenció el legislador libertario. Molina Gómez encuadró su negativa en una conducta sistemática contra la ocupación de despachos judiciales por parte de dirigentes del oficialismo, recordando que sus cuestionamientos previos ya le habían valido la apertura de una cuestión de privilegio impulsada por la bancada justicialista.

Cuestionamientos a la idoneidad penal y falta de antecedentes

El representante libertario argumentó que la bancada violeta solicitó informes detallados para constatar la trayectoria del candidato dentro de los tribunales ordinarios y sus actuaciones en investigaciones criminales complejas, obteniendo un resultado nulo. Asimismo, remarcó que el postulado no acreditó títulos de posgrado ni especializaciones académicas en derecho penal que fundamenten su idoneidad técnica para el cargo.

Molina Gómez puso el acento en el momento procesal que atraviesa la provincia, que sancionó recientemente la puesta en marcha del sistema procesal penal acusatorio. Bajo este esquema, la conducción del Ministerio Público Fiscal adquiere un rol preponderante, desplazando a los jueces de instrucción y concentrando en los fiscales la dirección exclusiva de las pesquisas, la formulación de imputaciones y la recolección de pruebas.

El control de la persecución penal y los fiscales

Para el legislador de La Libertad Avanza, la gravedad radica en las facultades extraordinarias que ostentará el nuevo Fiscal General. «Estamos hablando de quien tendrá bajo su mando a los fiscales de toda la provincia, con atribuciones determinantes sobre la organización de las investigaciones, incluida la asignación y reasignación de causas, los criterios de archivo y la prescripción de expedientes», advirtió.

Desde la óptica de la oposición, entregar el manejo del órgano acusador a un ministro en funciones del Poder Ejecutivo anula cualquier garantía de imparcialidad republicana. En el campamento libertario denuncian que la maniobra busca asegurar la impunidad de exfuncionarios y blindar las denuncias por presuntos hechos de corrupción administrativa que tramitan en los juzgados locales.

El proyecto de intervención federal por un año

Frente a este escenario, Molina Gómez lanzó la advertencia más severa al confirmar que los equipos jurídicos de La Libertad Avanza preparan una iniciativa para restablecer la independencia judicial mediante auxilio del poder central. «Nuestros equipos ya están trabajando en los fundamentos de una propuesta de intervención federal limitada a la Función Judicial de La Rioja por un año, con el objetivo de garantizar el funcionamiento republicano y poner fin a la colonización política de los tribunales», reveló.

El diputado sustentó la viabilidad del proyecto en los artículos 5 y 6 de la Constitución Nacional, que contemplan la garantía federal para asegurar la administración de justicia en los distritos provinciales, e invocó las facultades del presidente Javier Milei bajo el artículo 99, inciso 20, para dictar la medida durante el receso parlamentario. Como precedentes históricos, citó las intervenciones exclusivas al Poder Judicial implementadas en Catamarca mediante la Ley 19.944 y en Corrientes a través del Decreto 1447/1992.

El legislador remarcó que incluso el artículo 5 de la propia Constitución de La Rioja prevé las atribuciones de un eventual interventor federal en el ámbito judicial. «Cuando los mecanismos ordinarios resultan insuficientes para restablecer la independencia institucional, la Constitución ampara esta solución para que ningún funcionario esté por encima de la ley. El final está escrito: LLA 2027», concluyó, abriendo un frente de conflicto de alcance nacional entre la Casa Rosada y la estructura judicial de la provincia.