La histórica dirigente radical salió al cruce del plan comunal para subastar inmuebles con deudas de limpieza y advirtió que el Municipio carece de potestades constitucionales para expropiar. Calificó la iniciativa oficial de «delirio comunista» y recalentó la disputa por la propiedad privada en la Capital.
El avance del Palacio Ramírez de Velasco sobre la titularidad y el estado de los terrenos baldíos de la ciudad desató un conflicto institucional de proporciones. Tras la confirmación de que la administración municipal prepara remates judiciales para cobrarse multas y operativos de desmalezamiento en parcelas en desuso, la expresidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), Cristina «Nani» Salzwedel, lanzó una demoledora ofensiva contra la gestión del intendente Armando «Mikilo» Molina, acusando al oficialismo de atropellar las garantías constitucionales.
A través de una impactante campaña gráfica difundida en sus canales oficiales, Salzwedel exhibió un local ficticio denominado «Inmobiliaria: venta de terrenos propios y ajenos» junto a la consigna frontal «¡Basta Mikilo!». En su pronunciamiento, la experimentada referente boina blanca descalificó sin rodeos al equipo de gobierno: «¡Burros! La Muni no puede expropiar. El delirio comunista del quintelismo quiere vender propiedad privada como si no existiera la ley ni la Legislatura. Brutos y caros. ¡Basta! La Rioja no es Venezuela».
La arremetida de una referente de peso en el radicalismo
El pronunciamiento de Salzwedel introduce un ingrediente de alto voltaje en el tablero opositor. Como exconducción partidaria del centenario partido y figura central del armado opositor en la Capital, la dirigente le imprimió peso político a un reclamo que hasta ahora se limitaba a quejas vecinales, marcando el límite legal frente al dispositivo coordinado por el área de Servicios Públicos y la Coordinación Inmobiliaria municipal, a cargo de Agostina Stivala.
Para la dirigente radical, las intimaciones masivas y las advertencias de remate sobre parcelas urbanas encubren una maniobra recaudatoria reñida con la legalidad. Salzwedel remarcó que el Municipio pretende saltarse los procedimientos ordinarios de apremio fiscal y arrogarse facultades que ninguna carta orgánica ni la propia Constitución provincial le otorgan a un intendente para despojar a los ciudadanos de sus bienes inmuebles.
El debate constitucional sobre la expropiación y las tasas
La discusión de fondo radica en el alcance real de las atribuciones municipales frente al derecho de dominio. Desde el radicalismo advirtieron que la Comuna tiene herramientas jurídicas para cobrar tasas por servicios de limpieza impagos o aplicar multas por contravenciones al Código de Faltas, pero bajo ninguna circunstancia puede ejecutar la venta directa o confiscación de un terreno por la vía administrativa.
En ese marco, especialistas del foro local respaldaron el planteo de la exconcejala al recordar que la expropiación exige inexorablemente una ley sancionada por la Cámara de Diputados de la provincia que declare la utilidad pública del inmueble, acompañada de la correspondiente indemnización previa en dinero en efectivo. La pretensión comunal de avanzar con subastas sumarísimas por deudas de mantenimiento coloca al Municipio al borde de una catarata de demandas por daño patrimonial y abuso de autoridad.
Polarización y advertencias por la avanzada estatal
La embestida de Salzwedel se inscribe en un clima de marcada confrontación política en el principal departamento de la provincia. Al equiparar la política de Molina con las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela sobre el control de recursos estratégicos y servicios esenciales, el radicalismo busca amalgamar al arco no peronista bajo la bandera irrestricta de la defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica.
Mientras en los pasillos de la Comuna defienden la medida alegando razones de salubridad pública y combate contra la especulación inmobiliaria, la impugnación formal liderada por la histórica dirigente radical anticipa un freno inmediato por vía judicial. Con presentaciones en puerta ante los juzgados de instrucción y recursos de amparo en preparación, el plan del intendente para subastar baldíos quedó empantanado en una severa controversia legal e institucional.
