El histórico dirigente peronista recordó el saqueo a la tradicional sastrería porteña en 1988, perpetrado por agentes de inteligencia durante la gestión alfonsinista, para responder a la narrativa oficial sobre los incidentes en el Congreso. Apuntó contra los voceros mediáticos afines a la Casa Rosada y denunció un manual repetido.
La estrategia discursiva del oficialismo nacional para desviar la atención de las masivas movilizaciones contra el ajuste universitario encontró una réplica demoledora desde el peronismo riojano. El exsenador nacional y actual apoderado provincial ante la Corte Suprema, Jorge Yoma, apeló a la memoria histórica para desmontar los argumentos de la Casa Rosada y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes intentaron reducir la jornada de protesta a supuestos desmanes perpetrados por sectores radicalizados.
A través de un incisivo recordatorio, Yoma trazó un paralelismo directo con lo ocurrido el 8 de septiembre de 1988 durante la masiva huelga convocada por Saúl Ubaldini contra el programa económico del gobierno radical. «Un puñado de activistas destruyeron la sastrería Modart. Se logró identificar a un par de violentos, que resultaron ser afiliados del Partido Socialista de Simón Lázara y empleados de la SIDE», rememoró el experimentado dirigente.
La doctrina de la provocación estatal
Para el referente justicialista, aquel episodio emblemático sentó una matriz de acción encubierta que los gobiernos de corte liberal repiten cuando se ven desbordados por el descontento en las calles. «Desde entonces, sin lugar a dudas, se sabe que la violencia en las manifestaciones populares es provocada por el propio gobierno para deslegitimar la protesta social y, especialmente, al peronismo», sentenció Yoma.
En su reconstrucción, explicó que la siembra deliberada de infiltrados busca generar imágenes de alto impacto visual que eclipsen el reclamo genuino de los trabajadores y los estudiantes. De este modo, la discusión pública se desplaza artificialmente desde los recortes presupuestarios, la pérdida del poder adquisitivo o la parálisis de las universidades hacia el debate sobre el orden público y los daños al mobiliario urbano.
El rol de los propaladores mediáticos
La acusación de Yoma no se limitó a las estructuras de inteligencia del Estado, sino que apuntó contra los comunicadores encargados de amplificar esa narrativa en los estudios televisivos porteños. El dirigente cuestionó con dureza a los periodistas que operan en sintonía con los partes policiales: «Cuentan para ello con sus propaladores mediáticos, numerarios activos de la misma grilla salarial que los vándalos», disparó con su habitual ironía.
La intervención del exembajador funciona como una advertencia política frente a los discursos que pretenden catalogar de delincuentes a quienes ejercen el derecho constitucional de huelga y reunión. En las filas del justicialismo sostienen que el montaje de disturbios obedece a la necesidad del oficialismo de justificar la represión y tapar el rechazo mayoritario que provocó el bloqueo al quórum parlamentario.
La disputa de sentido tras la marcha universitaria
El pronunciamiento de Yoma adquiere un peso estratégico en momentos en que la administración de Ricardo Quintela lidera el reclamo federal por la restitución de los fondos coparticipables y el financiamiento de la educación superior. Al desarticular el relato de los piedrazos agitado por Menem y los legisladores libertarios, el peronismo provincial busca mantener el foco en la gravedad del desfinanciamiento institucional.
Con el antecedente de 1988 como espejo, el dirigente riojano dejó en claro que la conducción peronista no permitirá que maniobras de provocación desvirtúen la legitimidad de las protestas populares. La advertencia ratifica que, frente a un gobierno nacional que intenta criminalizar las demandas del interior, el justicialismo responderá con volumen político y memoria histórica para confrontar en el terreno del debate público.
