La expresidenta de la UCR lanzó una dura campaña gráfica tras la designación de Miguel Zárate como Fiscal General y advirtió que los nombramientos buscan garantizar la impunidad oficial. Sostuvo que la próxima administración provincial tendrá la obligación moral de desplazar a los magistrados designados por afinidad política.
La confirmación de las nuevas designaciones en el Poder Judicial riojano desató una embestida opositora de máxima virulencia. La abogada y expresidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Cristina «Nani» Salzwedel, lanzó una impactante campaña pública contra el gobernador Ricardo Quintela, asegurando que el traspaso de ministros del Ejecutivo a los tribunales responde a una maniobra preventiva para eludir futuras condenas penales por presuntos hechos de corrupción.
«Quintela sabe que va preso. Por eso redobló la apuesta para garantizar su impunidad», sentenció la dirigente radical a través de una pieza gráfica donde exhibe al mandatario provincial tras las rejas y con el edificio del Tribunal Superior de Justicia de fondo. La abogada remarcó que los nombramientos aprobados en la Cámara de Diputados consolidan la sumisión del sistema penal a los designios de la Casa de las Tejas.
La dura acusación y el límite de la tolerancia institucional
Salzwedel encuadró su reclamo en su doble condición de ciudadana y profesional del derecho, denunciando que el oficialismo riojano clausuró cualquier atisbo de división de poderes. «La justicia riojana fue copada por el quintelismo. Como abogada y ciudadana, no convalido esta destrucción institucional», advirtió, cuestionando la falta de concursos transparentes para ocupar los despachos de mayor jerarquía.
En su diagnóstico, la histórica referente de la oposición boina blanca alertó que la designación del actual ministro de Seguridad, Miguel Ángel Zárate, como titular del Ministerio Público Fiscal deja en manos de un colaborador directo del gobernador la facultad exclusiva de investigar, archivar o desestimar denuncias contra los propios funcionarios de la administración provincial.
La exigencia de remover al Tribunal Superior de Justicia
Frente al avance del justicialismo en las estructuras de la Función Judicial, Salzwedel formuló una propuesta que promete recalentar el escenario electoral hacia el recambio de 2027. La dirigente radical sostuvo que las fuerzas no peronistas deberán comprometerse a una depuración integral del máximo tribunal provincial si acceden a la conducción del Ejecutivo.
«El próximo gobierno tiene la obligación moral de remover al TSJ y a los jueces puestos por afinidad política. ¡Basta de justicia al servicio de la impunidad!», proclamó. El planteo de la exconducción radical coincide conceptualmente con la iniciativa de La Libertad Avanza, donde los equipos técnicos del diputado Diego Molina Gómez ya trabajan en un proyecto de intervención federal acotado a los tribunales locales.
Coincidencias en el arco opositor y embestida judicial
La arremetida de Salzwedel introduce un ingrediente de alta intensidad en el debate político capitalino. Tanto el radicalismo como los libertarios convergen en señalar que las modificaciones procesales y los relevos en las fiscalías tienen como único objetivo garantizar un paraguas de protección legal para los miembros del gabinete antes de que concluya el actual mandato constitucional.
Desde los despachos oficiales, en tanto, desestiman los señalamientos y defienden la legitimidad constitucional de los acuerdos prestados por la Legislatura, recordando que las designaciones se ajustan a las mayorías parlamentarias vigentes. Sin embargo, con la acusación pública instalada y la advertencia sobre futuras remociones en el Tribunal Superior, la oposición riojana colocó la legitimidad del Poder Judicial en el centro de la contienda política provincial.
