Tras dos audiencias de conciliación fallidas en la Secretaría de Trabajo por haberes impagos e indemnizaciones a la baja, los trabajadores avanzan hacia los tribunales. El gobierno provincial y el municipio coordinan asistencia de emergencia para las familias afectadas.

El impacto del parate económico en el interior productivo sumó un episodio crítico en el valle de Sanagasta. La planta procesadora de nueces que operaba en la localidad cerró de manera imprevista sus instalaciones, dejando en la calle a un plantel de 21 operarios que arrastran entre dos y cinco meses de sueldos adeudados. Las gestiones administrativas en la Secretaría de Trabajo fracasaron luego de que la patronal ofertara pagos fraccionados y montos indemnizatorios que rondan apenas un tercio de lo fijado por la legislación vigente.

La situación derivó en protestas en la capital provincial y activó gestiones de urgencia en la Casa de las Tejas. Sin acuerdo entre las partes y con el diálogo administrativo agotado, los extrabajadores preparan una ofensiva legal con pedidos de medidas cautelares para trabar embargos sobre los bienes y la maquinaria remanente en el predio productivo.

El fracaso de la conciliación y el vaciamiento de la planta

Las dos audiencias encabezadas por la titular de la Secretaría de Trabajo provincial, Miriam Espinosa, culminaron sin entendimiento. La propuesta empresaria —consistente en liquidaciones en hasta seis cuotas de alrededor de 500.000 pesos supeditadas a la venta de activos personales del propietario— fue rechazada por insuficiente y violatoria de los convenios laborales.

Los exempleados denunciaron que, previo al cese de actividades, se retiró la totalidad de la mercadería procesada del galpón, lo que incrementó las sospechas de insolvencia deliberada. Como medida preventiva, los operarios realizaron un inventario notarial de las maquinarias industriales y entregaron las llaves del inmueble al municipio para impedir el retiro de los activos restantes antes de una intervención judicial.

El diputado provincial Federico Sbiroli intervino en las gestiones junto al intendente de Sanagasta, Luis Flores, ante la Secretaría General de la Gobernación, donde solicitaron la intervención directa del Ejecutivo para amortiguar el impacto social: «El municipio acompañó siempre al empresario entregándole una nave industrial y eximiéndolo de tasas municipales para que genere empleo local; hoy la prioridad es estar al lado de los trabajadores frente a una patronal que adeuda meses de sueldo y no quiere reconocer las indemnizaciones que por ley corresponden».

En ese sentido, Sbiroli vinculó el cierre de la planta con el deterioro generalizado de la economía: «Sabemos la difícil situación y el cierre de fábricas en distintos puntos del país producto de un modelo económico nacional que golpea la producción; el Estado provincial no puede absorber a todos los despedidos, pero sí garantizar la contención inmediata para que estas familias no queden desamparadas».

La batalla en los tribunales y el antecedente de las economías regionales

Frente a la falta de respuestas en la instancia laboral administrativa, la representación legal de los trabajadores ultima presentaciones ante los juzgados laborales locales para exigir la traba de embargos ejecutivos sobre la maquinaria y cuentas bancarias de la firma.

Marcos, uno de los operarios cesanteados, detalló las irregularidades que rodearon la negociación: «Aceptábamos cobrar primero los sueldos adeudados en un solo pago y discutir la indemnización después, pero el dueño cambió su postura de un momento a otro aduciendo que no tenía el dinero. Ante esta falta de voluntad, no nos queda otra alternativa que ir a juicio directo para hacer valer nuestros derechos».

El conflicto en Sanagasta replica un patrón que se repite en otros enclaves productivos de la región: establecimientos agroindustriales medianos que, tras recibir beneficios fiscales y facilidades edilicias de las comunas para radicar sus actividades, suspenden pagos y cierran operaciones sin liquidar cargas sociales ni salarios.

Asistencia social y audiencia con la gobernación

Mientras se preparan las demandas judiciales, la Secretaría General de la Gobernación confirmó la entrega de módulos de asistencia alimentaria y económica directa para las 21 familias, muchas de las cuales ya enfrentan cortes de suministros y deudas acumuladas.

En los próximos días está prevista una audiencia formal con el gobernador Ricardo Quintela para evaluar alternativas de reactivación del predio o la articulación de programas de reconversión laboral. La resolución judicial del conflicto marcará un precedente en la provincia respecto al grado de responsabilidad patrimonial exigible a firmas radicadas bajo regímenes de fomento municipal.