Con la salida de Miguel Zárate del Ministerio de Seguridad para asumir la conducción del Ministerio Público Fiscal por una década, la provincia pone en marcha un rediseño de fondo en la investigación penal. Contrapuntos con la política criminal de la Nación y la herencia en las fuerzas locales.

El tablero institucional y judicial de La Rioja completó un movimiento estratégico que redefine el equilibrio de poder en los tribunales provinciales. Con la promoción de Miguel Zárate desde la cartera de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos hacia la cúspide del Ministerio Público Fiscal —tras el envío formal de su pliego por parte de la gobernación y el tratamiento parlamentario en la Legislatura—, la Casa de las Tejas puso en marcha un proceso de recambio ministerial y, al mismo tiempo, selló la conducción de la persecución penal para los próximos diez años, en sintonía con los límites fijados por la reciente reforma constitucional.

La mudanza de Zárate al despacho del Fiscal General no es un mero reacomodamiento burocrático. Se produce en las vísperas del desembarco del sistema acusatorio adversarial en la provincia, una transformación procesal que dejará atrás el esquema tradicional de los juzgados de instrucción para trasladar la dirección de las investigaciones, la recolección de pruebas y el impulso de las causas a la órbita exclusiva de los fiscales.

El nuevo rol del Ministerio Público y el fin de los jueces de instrucción

El rediseño procesal que comenzará a regir en el territorio riojano sigue la tendencia adoptada por el orden federal y por provincias como Salta, Jujuy y San Juan. Bajo este formato, los actuales magistrados penales pasarán a conformar un colegio de jueces de garantías, cuya función quedará restringida a velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales en audiencias orales y públicas, sin involucrarse en la investigación preliminar.

«El Ministerio Público Fiscal necesita una transformación profunda para adecuarse a la competencia que exige la investigación de los delitos. En el sistema acusatorio, el fiscal deja de ser un actor secundario y pasa a dirigir la política de persecución criminal, asumiendo una tarea que históricamente realizaban los jueces de instrucción», remarcó Zárate al delinear el plan de gestión que elevará para reestructurar las dependencias judiciales y encarar los concursos de fiscales a través del Consejo de la Magistratura.

El desafío de este nuevo esquema no es menor. Además de exigir una inyección presupuestaria significativa en infraestructura tecnológica y recursos humanos especializados, pondrá a prueba la agilidad y transparencia de los litigios penales en un distrito donde los indicadores de letalidad criminal se mantienen por debajo del promedio nacional, dominados principalmente por delitos contra la propiedad sin violencia directa en las personas.

Cinco años en Seguridad y el traspaso del control de la alcaidía

La salida de Zárate del Ejecutivo provincial cierra un ciclo de casi un lustro al frente de la seguridad local, período en el cual la administración quintelista volcó más de 8.000 millones de pesos en equipamiento operativo, tecnología de monitoreo y la incorporación de más de 1.200 efectivos policiales, con un sesgo orientado a incrementar la proporción de oficiales en la cadena de mando.

En ese tramo de gestión se sancionó la primera ley de seguridad pública de la provincia, un intento por saldar un histórico vacío regulatorio en la materia. Entre las últimas decisiones operativas impulsadas antes del recambio figuró la reconversión progresiva de la alcaidía policial. El plan en marcha prevé la conformación de un cuerpo mixto junto al Servicio Penitenciario para separar la custodia preventiva de personas con procesos penales en curso —que quedarán bajo personal penitenciario especializado en contexto de encierro— de aquellos demorados de manera transitoria por faltas o contravenciones menores.

Dos visiones de seguridad frente al mapa federal

La reconfiguración judicial y policial riojana expone asimismo los contrastes doctrinarios con el Ejecutivo nacional. Mientras la Casa Rosada y la cartera de Seguridad encabezada por Patricia Bullrich sostienen una agenda centrada en la aplicación rigurosa de protocolos antipiquetes, el refuerzo federal en fronteras y el endurecimiento de penas —como la reforma del régimen penal juvenil—, desde el gobierno riojano señalan el virtual corte de asistencia financiera y técnica hacia las fuerzas de seguridad del interior.

En los despachos de la gobernación admiten que la relación con las áreas de seguridad federales se redujo a la mínima formalidad institucional en los plenarios del Consejo de Seguridad Interior, distanciándose de la articulación y financiamiento activo que caracterizó a administraciones precedentes.

Con la vacante abierta en el ministerio provincial y el nuevo jefe de fiscales listo para prestar juramento ante el Tribunal Superior de Justicia, La Rioja abre una etapa de adaptación institucional. El éxito de la transición judicial dependerá de la capacidad operativa para sostener el nuevo sistema procesal en un marco de estrechez de recursos, mientras en el plano político provincial se reconfigura la mesa que definirá los mandos ejecutivos de cara a los próximos desafíos electorales.