El oficialismo evalúa activar la Cláusula Transitoria 8ª de la Constitución reformada para elegir convencionales constituyentes en los 18 departamentos. La jugada institucional busca multiplicar listas colectoras y movilizar a la dirigencia territorial en los comicios de 2027 para frenar el avance de La Libertad Avanza.
Frente a un escenario de marcada adversidad en los sondeos de opinión pública y la amenaza latente de perder la gobernación a manos de La Libertad Avanza, la mesa de estrategia del Partido Justicialista comenzó a diseñar un complejo artilugio político-electoral. Según revelaron fuentes de la conducción provincial a eduardogerman.com, el oficialismo evalúa convocar a elecciones de convencionales municipales en toda la provincia para redactar las postergadas Cartas Orgánicas departamentales, haciendo coincidir los comicios constituyentes con la disputa por el Ejecutivo riojano.
El objetivo de fondo de la iniciativa dista de una genuina vocación autonomista comunal y responde a una necesidad estrictamente aritmética. Al habilitar la elección de cuerpos constituyentes locales, el justicialismo creará cientos de cargos electivos que funcionarán como un gigantesco esquema de tracción territorial, permitiendo contener a dirigentes heridos, repartir candidaturas en los barrios y montar un aparato de movilización en cada circuito electoral para asegurar la afluencia de votantes a las urnas.
El anclaje legal en los artículos 203 y 204 de la Constitución
La maniobra encuentra sustento en el texto constitucional recientemente reformado por la administración de Ricardo Quintela. El artículo 203 establece que «los estados municipales deberán dictar su propia Carta Orgánica, sancionada por una Convención Municipal integrada por un número igual al de los miembros del Concejo Deliberante y elegidos directamente por el pueblo del departamento», exigiendo para los postulantes los mismos requisitos fijados para el cargo de concejal.
A su vez, el artículo 204 fija el menú de competencias institucionales que deberán estructurar las futuras cartas locales, habilitando la creación de Tribunales de Cuentas comunales, Fiscalías Municipales, la Justicia de Faltas, mecanismos de revocatoria popular y el presupuesto participativo. Sin embargo, la llave jurídica que apura los tiempos es la Cláusula Transitoria 8ª, que estipula con claridad que «las Convenciones Municipales deberán ser convocadas con arreglo a la presente Constitución hasta el año 2027», otorgando la justificación formal perfecta para acoplar las urnas constituyentes a la contienda por la gobernación.
El impacto territorial en Chilecito y en la Capital
La implementación de este esquema electoral alterará profundamente la dinámica en los principales distritos de la provincia. En el departamento Chilecito —donde el Concejo Deliberante cuenta con 16 bancas— la convocatoria permitirá abrir un abanico de 16 convencionales titulares e igual número de suplentes por cada nómina, otorgándole al intendente Rodrigo Brizuela y Doria y a los distintos sectores del peronismo local una herramienta formidable para contener a la militancia barrial y amortiguar la fractura interna con el rejalismo.
Una situación idéntica se proyecta para la Capital riojana, donde la conformación de una Convención Municipal de 15 escaños habilitará a Armando Molina y a los operadores del Palacio Ramírez de Velasco a tejer alianzas con colectoras sectoriales. La multiplicación de boletas justicialistas busca diluir el impacto de la boleta única o del arrastre de la ola violeta que encabeza el diputado nacional Martín Menem en los centros urbanos.
Aparato territorial para resistir el fin de ciclo
En los pasillos de la Casa de las Tejas admiten que el oficialismo no cuenta con un candidato indiscutido y que la pérdida de poder se acelera mes a mes. En ese contexto, dinamizar las estructuras partidarias mediante la promesa de bancas constituyentes aparece como la única salida para asegurar que los referentes territoriales del interior profundo salgan a disputar el voto casa por casa.
El peronismo riojano se alista así para transformar un mandato constitucional en un salvavidas electoral. La eventual convocatoria a convencionales municipales antes de 2027 confirma que el justicialismo apelará a todas las herramientas normativas disponibles para poblar los cuartos oscuros de listas afines, intentando construir un dique de contención territorial frente al desafío electoral más complejo de las últimas cuatro décadas.



