Mientras el oficialismo provincial insiste ante la Casa Rosada con el reclamo histórico por fondos retenidos, los registros de recaudación interna desnudan un esquema atado en un 88% a los giros federales y una presión fiscal concentrada sobre el comercio formal.

La batalla entre las provincias y el Ejecutivo nacional por el ajuste en las transferencias y el reparto de la masa impositiva encuentra en La Rioja uno de sus tableros más complejos. Desde la administración provincial volvieron a poner sobre la mesa la restitución del histórico punto de coparticipación recortado en 1988 —hoy bajo litigio judicial y estimado por el Ministerio de Hacienda riojano en 2,2 billones de pesos acumulados o unos 72.000 millones mensuales— con el argumento de que resulta inviable garantizar servicios básicos como salud, educación y seguridad sin esa asistencia del Estado federal.

El reclamo, no obstante, choca de frente con las metas de solvencia que exige la Casa Rosada y deja al descubierto la vulnerabilidad estructural de las cuentas locales. Según los propios números oficiales expuestos en foros de federalismo fiscal, el 88% de los recursos que ingresan a la administración provincial provienen de transferencias nacionales, dejando apenas un 12% a la capacidad de financiamiento con tributos propios.

La brecha impositiva: Ingresos Brutos sostiene la caja y el Inmobiliario queda relegado

Los datos de recaudación de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) correspondientes a septiembre marcan con nitidez el sesgo de la matriz tributaria. Sobre una masa total de 17.300 millones de pesos recaudados, casi 13.800 millones se originaron exclusivamente en el impuesto a los Ingresos Brutos. El gravamen sobre las ventas y la actividad comercial representa un 80% de los ingresos propios, mientras que el Impuesto Inmobiliario aportó una cifra prácticamente testimonial: 358 millones de pesos en todo el mes.

Esta marcada asimetría fue expuesta por el diputado provincial por La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, quien señaló que la escasa participación del impuesto inmobiliario —pese a haber crecido nominalmente un 134% respecto al año anterior— responde a la falta de actualización y registración catastral de grandes parcelas, condominios e inmuebles de alto valor que eluden tributar en regla. Como contrapartida, advirtió que la carga recae desmedidamente sobre sellos (más de 1.100 millones de pesos), tasas municipales añadidas a las facturas y tributos directos al comercio.

«Lo que no se recauda por el lado del patrimonio se busca compensar cargando Ingresos Brutos, tasas de publicidad por cartelería o sellos a quienes sostienen comercios y talleres», remarcó el legislador libertario. En esa misma línea, Molina Gómez impulsó en la Legislatura iniciativas como el proyecto de «factura limpia», destinado a desdoblar las boletas de energía eléctrica para impedir que se cuelen tributos municipales o recargos de entes reguladores sobre la tarifa estricta del servicio, además de plantear la eliminación de la pauta oficial y la revisión de dobles trámites como las inspecciones técnicas vehiculares.

Del récord de giros discrecionales al corte de partidas

El esquema riojano arrastra antecedentes inmediatos que explican la tensión actual con el gobierno de Javier Milei. Durante el período 2020-2023, la provincia se ubicó al tope de los distritos del país con mayores transferencias no automáticas y Aportes del Tesoro Nacional (ATN) per cápita. De acuerdo a cálculos del sector, si se integraban la coparticipación legal, la asistencia financiera discrecional y las partidas de obra pública, La Rioja llegó a figurar como la segunda jurisdicción que más fondos por habitante percibía a nivel nacional, equiparándose a los niveles de provincias hidrocarburíferas.

Sin embargo, ese flujo extraordinario no se tradujo en una diversificación productiva ni en mejoras tangibles en infraestructura de base. Apenas a cuadras del casco céntrico de la capital persisten arterias sin asfaltar y falencias en los tendidos de gas natural y alumbrado. Al mismo tiempo, ramas productivas como el sector vitivinícola acusan un declive sostenido de casi el 50% de sus puestos de empleo en la última década, pasando de picos de 950 trabajadores a menos de 500 registrados, con dificultades logísticas para colocar mercadería y problemas de competitividad energética frente a distritos vecinos como Catamarca.

El contraste también alcanza al entramado de empresas públicas (SAPEM) y a los anuncios oficiales de transición energética. Mientras el área de Hacienda proyecta cubrir el 100% de la demanda eléctrica provincial con fuentes renovables para 2027 e iniciar exportaciones al año siguiente, desde la oposición recuerdan que el Estado provincial arrastra desde 2020 un default y una prolongada renegociación con tenedores del bono verde emitido originalmente para financiar el Parque Eólico Arauco, sumado a la falta de balances auditados de las sociedades estatales.

Un debate de fondo sobre el federalismo productivo

La encrucijada riojana sintetiza el dilema que atraviesan los distritos más expuestos al cese de la discrecionalidad fiscal. Con una administración pública que engloba un empleo estatal cada cuatro habitantes y un aparato productivo privado que pierde terreno frente a la presión fiscal, el reclamo de fondos automáticos ante los tribunales y el Congreso enfrenta su propio límite político.

El pulso entre el reclamo de mayor coparticipación y la exigencia de una profunda reforma del gasto y de la matriz tributaria local marcará el tono de los próximos meses, en un escenario donde Nación mantiene el grifo cerrado y la economía del interior no tolera más desbalances entre lo que genera y lo que consume el Estado.