El máximo tribunal declaró su competencia originaria en el expediente impulsado por el Fiscal de Estado riojano tras la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Sin embargo, descartó la vía rápida de una «medida autosatisfactiva» y exigió tramitarlo como un proceso ordinario.

LAS CLAVES DE LA NOTA:

• Respaldo jurisdiccional: Con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, la Corte aceptó intervenir de forma directa en el pleito entre La Rioja y la Secretaría de Transporte de la Nación.
• Freno a la vía exprés: El tribunal rechazó el formato de «medida autosatisfactiva» y le dio 10 días hábiles a la provincia para presentar un nuevo escrito de demanda bajo las reglas de un juicio ordinario.
• Frente común con Kicillof y Ziliotto: La resolución ata la suerte del planteo riojano al fallo dictado el mismo día a favor de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte.

La batalla judicial de los gobernadores contra la «motosierra» sobre las transferencias a las provincias sumó un capítulo decisivo en los tribunales porteños. En su acuerdo de este jueves 29 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria para intervenir en la demanda que la Provincia de La Rioja promovió contra el Estado Nacional y la Secretaría de Transporte por la eliminación de los subsidios a los colectivos urbanos e interurbanos.

La resolución —firmada digitalmente por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, junto a Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— significa un paso institucional clave para la administración de Ricardo Quintela, que busca recuperar los recursos del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior del País (FCI), suprimido por el gobierno de Javier Milei en febrero de 2024 a través de un comunicado del Ministerio de Economía y luego formalizado mediante el DNU 280/2024.

Diez días para recalibrar la estrategia judicial

Pese a abrir las puertas del Palacio de Tribunales, los cortesanos le marcaron la cancha procesal a la estrategia jurídica de la Casa de las Tejas. La presentación inicial —impulsada por el Fiscal de Estado riojano, Segundo Emilio Rodríguez, con el patrocinio de las abogadas Vilma Noemí Ghiano y Leticia Juárez Manfredini— había sido caratulada como una «medida autosatisfactiva», una herramienta urgente pensada para lograr el giro inmediato de los fondos sin pasar por un juicio largo.

La Corte Suprema descartó de plano ese atajo procesal. En el segundo considerando del fallo, los jueces advirtieron que deben atender «a la sustancia real de dicha presentación, a su fundamento, trascendencia y a su procedibilidad», por lo que ordenaron que el reclamo se discuta con amplitud de debate y prueba a través de un juicio ordinario.

Para eso, el máximo tribunal fijó una hoja de ruta inmediata:

• Le otorgó a la Provincia de La Rioja un plazo perentorio de 10 días hábiles para presentar un nuevo escrito de inicio que encauce formalmente la demanda ordinaria.
• Dispuso que, una vez cumplido ese paso por la Fiscalía de Estado riojana, se libre oficio para notificar formalmente a la Procuración del Tesoro de la Nación —el cuerpo de abogados del Estado que defiende a la Casa Rosada— y a la Procuración General.

El efecto espejo con Buenos Aires y La Pampa

El pronunciamiento sobre el expediente riojano (FCB 745/2024/CS1) no fue un hecho aislado en la agenda del cuarto piso de Tribunales. En el primer párrafo de la sentencia, la Corte remitió directamente a los fundamentos que utilizó minutos antes en la causa iniciada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof (CSJ 606/2024), criterio que también aplicó en simultáneo para el reclamo del mandatario pampeano Sergio Ziliotto.

En esos expedientes mellizos, las provincias sostienen que la eliminación unilateral del Fondo Compensador por parte de la Nación constituyó una «vía de hecho administrativa» que violó el presupuesto prorrogado, quebró el principio de «lealtad federal» y desfinanció los sistemas provinciales de transporte público —como el servicio estatal de Rioja Bus—, empujando el costo del boleto sobre el bolsillo de los usuarios y las tesorerías locales.

Con esta decisión, la Corte Suprema concentra en sus manos dos expedientes de altísima sensibilidad económica que enfrentan a La Rioja con la administración libertaria: mientras le corre el reloj de 60 días al Ejecutivo provincial para responder por la millonaria deuda eléctrica de EDELAR con CAMMESA, ahora también obliga a la Casa Rosada a sentarse a responder en juicio ordinario por el recorte de los fondos del transporte del interior.

El fallo