La UNLAR ratificó la exoneración de dos exjerárquicos por adulterar resoluciones y aprobó el nuevo Reglamento Estudiantil

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En una sesión caliente con 45 consiliarios presentes, el cuerpo rechazó los recursos de Sergio Páez y Carlos Rivero, acusados de fraguar decretos internos el día previo a la salida del exrector para cobrarse suplementos salariales. También se aprobó la reforma del régimen de alumnos y se giró el proyecto para modificar el Reglamento Electoral.

LAS CLAVES DE LA NOTA:

  • Exoneración histórica: Por mayoría, el Consejo Superior rechazó el recurso jerárquico de los no docentes Sergio Horacio Páez y Carlos Nicolás Rivero y confirmó su exoneración (sujeta a desafuero judicial por tutela gremial) tras detectarse la adulteración de las resoluciones 372 y 373/2024.
  • Docente sancionado por «enriquecimiento ilícito»: El cuerpo también ratificó la sanción contra el docente Ramiro Ramón Ojeda tras comprobarse que entre junio de 2024 y junio de 2025 cobró sus haberes sin registrar actividad en el campus virtual ni pedir licencia.
  • Nuevo Reglamento Estudiantil y reforma electoral: Con críticas de la minoría por artículos sobre «prestigio institucional», se actualizó la normativa de alumnos que regía desde 2004 e ingresó un proyecto de la rectora Natalia Álvarez Gómez para reformar el Reglamento Electoral.

La sesión de octubre del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) terminó convertida en un campo de batalla político y jurídico por la herencia administrativa de la gestión anterior. En un debate atravesado por gritos, acusaciones de persecución y denuncias de falsificación de documentos públicos, la mayoría oficialista ratificó la sanción de exoneración contra dos exfuncionarios jerárquicos del estamento no docente y confirmó el castigo a un profesor que estuvo un año entero cobrando el sueldo sin dar clases.

El expediente más explosivo de la tarde involucró a Sergio Horacio Páez (exsecretario general) y Carlos Nicolás Rivero(exjefe de despacho de la Secretaría General), quienes habían apelado la Resolución Rectoral 1052/2025 que dispuso su exoneración —la pena máxima de expulsión e inhabilitación para trabajar en la administración pública, cuya ejecución efectiva depende ahora del desafuero judicial por contar ambos con inmunidad sindical—.

Al defender el dictamen de mayoría, la presidenta de la Comisión de Interpretación y Reglamento explicó al cuerpo la maniobra detectada mediante constatación notarial en enero de 2025: la existencia de dos versiones distintas de las resoluciones rectorales 372 y 373, ambas fechadas el 30 de julio de 2024. Mientras una copia certificada por Rivero fue agregada a los legajos para liquidarles suplementos de Categoría 1 a Páez y a Antonio Nicolás Brizuela entre julio y diciembre de 2024, en la tarde del 18 de diciembre de 2024 —apenas 24 horas antes de que venciera el mandato del exrector Daniel Quiroga— se cargaron en el sistema Mapuche otras dos resoluciones con el mismo número y fecha, pero asignándoles suplementos de Categorías 2 y 3 a partir del 20 de diciembre, el día exacto en que asumía la nueva conducción de Natalia Álvarez Gómez y Luis Oviedo.

«Los estamos matando en vida» vs. «Falsificaron resoluciones»

La votación desató un durísimo enfrentamiento con el bloque opositor integrado por los consiliarios Carlos Tejeda, Cecilia Matzkin y Alicia Parissia, a quienes la presidencia de la comisión cuestionó de entrada por haber presentado un dictamen de minoría por secretaría cuando en la reunión interna solo habían votado en contra.

Desde la banca opositora, Matzkin y Parissia denunciaron que a los dos agentes —con más de 27 años de antigüedad— se les negó el pedido de ser escuchados en audiencia por el Consejo Superior antes de aplicarles una sanción sin precedentes en la casa de altos estudios: «Ni en nuestros peores tiempos hubo una exoneración en la historia de esta universidad. Cuando en nuestra provincia más del 70% depende del empleo público, los estamos matando en vida; no instauremos la universidad del miedo», lanzó Matzkin.

La réplica oficialista fue implacable: «Acá no se trata de familias ni de colores políticos, estamos juzgando hechos gravísimos de dos funcionarios que tenían a su cargo la custodia del protocolo y adulteraron resoluciones rectorales para comprometer el presupuesto de la gestión entrante», retrucó la decana informante antes de que el cuerpo aprobara el rechazo al recurso por mayoría.

Minutos antes, bajo la misma tónica de auditoría interna, el Consejo también había rechazado el recurso jerárquico del docente de Ciencias Sociales Ramiro Ramón Ojeda, luego de que Legal y Técnica dictaminara que entre el 21 de junio de 2024 y el 21 de junio de 2025 no ingresó al campus virtual, no dictó clases ni tramitó licencias, configurando según el texto oficial «un enriquecimiento ilícito por haber percibido sus haberes sin contraprestación alguna».

Nuevo Reglamento Estudiantil, reforma electoral y Honoris Causa a Tito Paoletti

El segundo foco de debate político giró en torno a la aprobación del nuevo Reglamento General de Estudiantes, que reemplaza a la vieja ordenanza de 2004 tras cinco meses de trabajo en comisiones. Mientras la bancada estudiantil oficialista (encabezada por Canela Díaz Chacoma, Abril Díaz Muñoz y Quimey) celebró que la norma pone límites a la arbitrariedad de los docentes en los exámenes finales, regula la figura del veedor y moderniza el régimen de licencias estudiantiles, la minoría votó en contra del Título VII (Régimen Disciplinario) por considerar que sancionar conductas que «comprometan el prestigio institucional» fuera del establecimiento podría afectar la libertad de expresión de los alumnos que trabajan en medios periodísticos.

En el tramo final de una sesión que se extendió hasta las 16:17, el Consejo Superior dejó definidas otras resoluciones de peso institucional y político:

  • Reforma del Reglamento Electoral: A pedido del vicerrector Luis Oviedo, ingresó y pasó a comisión el expediente 00-8681/2026 impulsado por la rectora Natalia Álvarez Gómez para modificar el Reglamento Electoral de la UNLAR (Ordenanza 194/2020).
  • Honoris Causa para Alipio «Tito» Paoletti, Alberto Binder y Manuel Bermúdez: El cuerpo aprobó otorgar el título de Doctor Honoris Causa al reconocido jurista Alberto Martín Binder y al especialista en ciencias de la computación Manuel Enrique Bermúdez (Universidad de Florida), e ingresó formalmente el pedido de Derechos Humanos para distinguir post mortem al histórico periodista y fundador del diario El Independiente, Alipio Eduardo «Tito» Paoletti.
  • Inscripciones 2027 y apertura al mundo: Se informó que hasta el 27 de diciembre siguen abiertas las inscripciones de ingreso para el ciclo lectivo 2027, se destacó que el nuevo curso de idioma y cultura rusa superó los 1.000 inscriptos y se designó a la UNLAR como sede anfitriona del encuentro internacional de movilidad estudiantil CRISCOS en el segundo semestre de 2027.

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