El TSJ blinda su estructura interna con 88 ascensos por concurso y busca enfriar el frente gremial en Tribunales

Con Claudio Saúl y los cuatro vocales en primera fila, el Alto Cuerpo entregó acuerdos para secretarios, prosecretarios y jefes de despacho en las seis circunscripciones. El mensaje contra el maltrato laboral puertas adentro, el alivio para los juzgados del interior y la tensión salarial latente en el cierre del año.
En un año marcado por la escasez de recursos presupuestarios y el tironeo permanente con las arcas del Ejecutivo provincial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) eligió mostrar músculo institucional propio y ordenar la tropa desde adentro. El presidente del cuerpo, Claudio Saúl, acompañado en el estrado por el pleno de los vocales —Gabriela Asís, Claudio Ana, Luis Brizuela y Ana Karina Becerra—, encabezó la entrega de ochenta y ocho acuerdos de designación para agentes que ganaron sus cargos por concurso en las seis circunscripciones judiciales de La Rioja.
El operativo de promociones internas abarcó el corazón operativo de los juzgados: sobre un total de noventa y dos concursos sustanciados durante 2026 —que demandaron casi cien horas de exámenes escritos y orales entre 138 postulantes—, el máximo tribunal cubrió treinta y seis jefaturas de despacho, veintiocho prosecretarías y veintiocho secretarías. En los pasillos del edificio de la calle Joaquín V. González leen la movida con doble lente: por un lado, descomprime el histórico cuello de botella de subrogancias y vacantes que frenaba el despacho diario de los expedientes; por el otro, funciona como una válvula de ascenso salarial y carrera administrativa frente a la histórica disputa entre los ingresos de planta y los haberes de los magistrados.
El mensaje de Saúl a la tropa y el peso del interior
Lejos de limitarse al protocolo de entrega de diplomas, el discurso de Saúl dejó una advertencia directa hacia la convivencia interna de los tribunales riojanos. El titular del TSJ planteó que la jerarquía de un funcionario se mide en el ejercicio diario del cargo y puso el foco en la prevención de la violencia laboral: remarcó que ningún episodio de maltrato u hostigamiento puede naturalizarse puertas adentro de los juzgados, un dardo dirigido a desactivar conflictos gremiales y denuncias cruzadas que suelen escalar hasta la Secretaría de Superintendencia.
La foto del acto también buscó equilibrar la balanza territorial con las circunscripciones del interior provincial, donde la falta de personal técnico suele paralizar fueros enteros. No fue casual que la voz de los agentes designados quedara en manos de dos representantes de afuera de la Capital: Gonzalo Pablo Larraín, flamante prosecretario en Villa Unión, y Fabiola del Carmen Carbel, nombrada secretaria de Cámara en Chamical. En la mesa chica del Alto Cuerpo —donde Saúl destacó el engranaje armado por Miguel Pacheco en la Escuela de Capacitación, Carlos Carrizo en Recursos Humanos y el secretario administrativo Enrique Montoya— saben que cubrir con personal de carrera las cabeceras departamentales le quita presión política a los pedidos de designaciones directas que suelen empujar los intendentes y diputados del interior.
Estabilidad de carrera versus mora y presupuesto
La consolidación de los ochenta y ocho cargos jerárquicos intermedios le permite al TSJ exhibir una bandera de profesionalización y mérito frente a una sociedad que mira con desconfianza los tiempos de los tribunales. Sin embargo, el blindaje de la planta judicial choca con las urgencias que esperan del otro lado del mostrador de las mesas de entrada.
Para el foro de abogados litigantes y para los vecinos que aguardan resoluciones en los fueros de Familia, Laboral o Penal, la titularización de secretarios y jefes de despacho deberá traducirse ahora en una aceleración real en la firma de decretos y sentencias. Mientras la Casa de las Tejas pelea en Buenos Aires contra el recorte de transferencias nacionales y administra con cuentagotas las partidas salariales de los tres poderes del Estado de cara a diciembre, la cúpula judicial riojana cierra filas sobre su propia estructura, sabiendo que el próximo examen ya no será ante un tribunal evaluador, sino frente al reclamo de la calle por una justicia más rápida y menos atada a los humores del poder.
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