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«Somos una provincia pobre y asfixiada»: Martín Yoma descartó provincializar el narcomenudeo, archivó el Decreto 840 y ratificó a la cúpula policial

El flamante ministro de Seguridad trazó la hoja de ruta para el último tramo de la gestión de Quintela, confirmó a René Molina al frente de la fuerza y mantendrá vacante la Secretaría de Seguridad. Admitió inquietud en los cuarteles por el nuevo control civil y expuso el costo de alojar hasta 70 presos federales.

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Martín Yoma y Gastón Mercado Luna durante la jura de autoridades de la Defensa Pública

El flamante ministro de Seguridad trazó la hoja de ruta para el último tramo de la gestión de Quintela, confirmó a René Molina al frente de la fuerza y mantendrá vacante la Secretaría de Seguridad. Admitió inquietud en los cuarteles por el nuevo control civil y expuso el costo de alojar hasta 70 presos federales.

Martín Yoma desembarcó en el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos con una receta de continuidad operativa hacia adentro de los cuarteles y un diagnóstico de crudo realismo fiscal frente a las demandas de la calle. En diálogo con Medios Rioja, el funcionario de veinticuatro años de trayectoria en la Defensa Pública delineó el plan para sus primeros cien días en reemplazo de Miguel Zárate, descartó cambios en la jefatura policial y blanqueó los límites presupuestarios que hoy atan de manos al Ejecutivo provincial en la pelea contra el delito complejo.

Bajo la premisa de que «lo que funciona no se modifica», el ministro ratificó en su cargo al jefe de la Policía, René Molina, confirmó la continuidad de los actuales secretarios de Justicia y de Derechos Humanos y respaldó el traspaso del manejo de la Alcaidía Penal a la órbita especializada del Servicio Penitenciario Provincial. En cambio, mantendrá vacante el sillón de la Secretaría de Seguridad —acéfalo desde la salida del excomisario Pedro Fuentes hace más de un año— por instrucción directa de la Casa de las Tejas: el esquema de mando funcionará como un triángulo cerrado entre Ricardo Quintela, el ministro y el jefe de Policía, sin escalas intermedias.

Caja en rojo, presos ajenos y el freno a la desfederalización

La definición política más cruda surgió al abordar el avance del narcotráfico y la falta de investigaciones patrimoniales sobre el lavado de dinero narco en suelo riojano. Consultado sobre la posibilidad de adherir a la ley de desfederalización para que los tribunales locales juzguen el narcomenudeo —tal como aplican distritos como Santa Fe o Córdoba—, Yoma cerró la puerta de plano con una radiografía sin maquillaje de las cuentas públicas: «No estamos en condiciones económicas para abordarlo; somos una provincia pobre, eso es real, estamos totalmente asfixiada».

El titular de la cartera explicó que asumir esa competencia exigiría una millonaria inversión en fiscalías, juzgados y celdas que la Provincia hoy no puede pagar tras el recorte de partidas nacionales. Incluso reveló un subsidio silencioso que las arcas riojanas ya absorben frente a la falta de infraestructura de Nación: actualmente entre 50 y 70 detenidos por causas federales —en su mayoría vinculados al tráfico de estupefacientes— purgan condena alojados y mantenidos dentro del Servicio Penitenciario Provincial porque la Justicia Federal carece de cárcel propia en el distrito.

Malestar por el control civil y el futuro de los controles viales

Hacia adentro de la tropa uniformada, Yoma acusó recibo del ruido que generó en las comisarías la reciente sanción de la nueva ley de seguridad, una reforma que le quita a la Policía el manejo de Asuntos Internos para transferir los sumarios y sanciones a una órbita administrativa civil. El ministro admitió que el cambio despertó «preocupación en la fuerza», pero prometió redactar desde el primer día una reglamentación técnica junto a órganos consultores que garantice el derecho de defensa y el debido proceso de cada efectivo investigado.

En paralelo, contó que el primer pedido de Quintela al ofrecerle el despacho fue sostener los índices de prevención y atacar la alta tasa de siniestralidad vial que golpea a los hospitales locales. Pese a esa urgencia en el asfalto, Yoma descartó reflotar el controvertido Decreto 840 de arrestos por alcoholemia en su formato original, apostando a renovar las herramientas preventivas sin volver a un instrumento que dejó desgaste social.

De cara al anuncio formal de su plan de gestión previsto para dentro de dos semanas, el ministro prometió poner la lupa sobre la puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio y sobre las condiciones humanas y laborales del agente policial «cuando se saca el uniforme y vuelve a su familia con incertidumbre». Administrar esa expectativa interna en una provincia hundida en el piso salarial del país y sin margen financiero para sumar recursos será el examen diario de un funcionario judicial que pasa de los expedientes al mostrador más sensible del gabinete.

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