La Casa Rosada comenzará a redactar el proyecto de ley de soberanía anunciado por el presidente Javier Milei para reforzar la posición argentina frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. La iniciativa será enviada al Congreso y formará parte de una próxima reunión de la mesa política del Gobierno, con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En el oficialismo confían en que el tema permitirá construir una mayoría amplia. Según la evaluación atribuida a Menem, los votos estarán porque difícilmente algún bloque quiera aparecer enfrentado a una norma presentada como defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas. El texto definitivo todavía no fue difundido y su alcance dependerá de la redacción que prepare el Poder Ejecutivo.
La ley y la reglamentación de las sanciones
El anuncio presidencial quedó acompañado por el Decreto 868/2026, que reglamentó el régimen sancionatorio de la Ley 26.659 para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental. La reglamentación ordena procedimientos y criterios para aplicar las consecuencias previstas por la legislación vigente.
La secuencia marca dos planos. El Gobierno avanzó mediante decreto sobre una ley ya sancionada y, a la vez, anticipó una nueva iniciativa que deberá atravesar las comisiones y el recinto de ambas cámaras. Allí será decisivo conocer si modifica el régimen actual, incorpora obligaciones o amplía las herramientas de control y sanción.
El antecedente riojano de Eduardo Menem
La discusión recupera un antecedente ligado a La Rioja. En 1998, el entonces senador nacional Eduardo Menem impulsó el proyecto S-329/98, aprobado por unanimidad en el Senado, para desconocer derechos derivados de licencias británicas y sancionar a empresas que exploraran o explotaran hidrocarburos en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sin reconocer la jurisdicción argentina.
Menem sostuvo que la Argentina no debía reconocer derechos a compañías beneficiadas por adjudicaciones otorgadas por las autoridades británicas y que correspondía impedirles operar en el territorio continental. Su planteo buscaba transformar la reivindicación diplomática en consecuencias económicas concretas.
El antecedente también tiene una dimensión constitucional. Eduardo Menem presidió la Convención Constituyente de 1994, que incorporó la cláusula transitoria primera. Esa disposición ratifica la soberanía legítima e imprescriptible de la Argentina sobre las islas y establece que su recuperación, conforme al derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
La próxima instancia será la reunión de la mesa política y la definición del articulado. Hasta que el Ejecutivo publique el proyecto, permanecen pendientes los detalles sobre las conductas alcanzadas, la autoridad de aplicación, la escala de sanciones y su relación con la Ley 26.659 y el Decreto 868/2026.
