El Presidente anunció sanciones más severas contra las empresas que exploten hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. La medida recupera el debate planteado en 1998 por el exsenador riojano, cuyo proyecto fue aprobado por el Senado, pero perdió estado parlamentario en Diputados.
El anuncio del presidente Javier Milei para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas Malvinas vuelve a colocar en primer plano una iniciativa que el exsenador nacional por La Rioja Eduardo Menem impulsó hace 28 años.
En una cadena nacional emitida el jueves 3 de septiembre, Milei advirtió que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses. El mandatario anunció un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659 y el envío al Congreso de una reforma para ampliar su alcance.
El Gobierno también anticipó que las sanciones podrían alcanzar a proveedores, accionistas y directivos; que las empresas involucradas quedarían inhabilitadas para operar y contratar en la Argentina; y que se aplicaría el juicio en ausencia cuando corresponda. Según Milei, la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con proyectos en las islas.
La iniciativa que Eduardo Menem llevó al Senado
El planteo tiene un antecedente político y legislativo en el expediente S-329/98, presentado por Eduardo Menem el 1 de abril de 1998. El entonces senador nacional por La Rioja propuso que toda concesión, licencia o habilitación para explotar minerales e hidrocarburos en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes necesitara autorización argentina.
El proyecto, conocido en ámbitos políticos y diplomáticos como la «Ley Eduardo Menem», disponía la inhabilitación absoluta para realizar actos de comercio en el país de las personas físicas o jurídicas que participaran en esas actividades sin permiso nacional. La prohibición alcanzaba a casas matrices, subsidiarias, sociedades vinculadas, consorcios y entidades que aportaran financiamiento.
También exigía una declaración jurada a quienes contrataran con organismos o empresas estatales y ordenaba a la Cancillería llevar un registro de infractores.
«No vamos a reconocer de ningún modo ningún derecho a esas empresas», sostuvo Menem al defender la propuesta. El legislador riojano explicó que los contratos otorgados sin intervención argentina podían ser impugnados y afirmó que las sanciones no se contraponían con la estrategia diplomática, sino que servían como respaldo al reclamo nacional.
El Senado aprobó el proyecto, con modificaciones, el 22 de abril de 1998 y lo remitió a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la iniciativa no recibió sanción definitiva: caducó el 28 de febrero de 2001 y fue archivada en mayo de ese año.
El debate dentro del menemismo
La propuesta generó tensiones dentro del gobierno de Carlos Menem. Mientras el canciller Guido Di Tella desarrollaba una política de acercamiento hacia los habitantes de las islas y sostenía acuerdos de cooperación bajo un paraguas de soberanía, Eduardo Menem defendía la intervención del Congreso y una respuesta económica más severa frente a la explotación unilateral de los recursos naturales.
El antecedente debe presentarse con precisión: el proyecto de 1998 no llegó a convertirse en ley y no contenía las sanciones penales incorporadas posteriormente. Sin embargo, anticipó una línea de acción basada en desconocer las autorizaciones británicas e impedir que las compañías involucradas operaran en el territorio continental argentino.
De aquel proyecto a la legislación vigente
En 2011, el Congreso sancionó por unanimidad la Ley 26.659, que prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional e impide al Estado contratar con las compañías infractoras. La Ley 26.915 amplió en 2013 las consecuencias administrativas y penales.
Milei propone ahora endurecer ese régimen, extenderlo a proveedores y abarcar otras actividades que afecten los recursos naturales de las islas. También anunció mayores recursos para el Ministerio de Defensa, mediante un decreto de necesidad y urgencia, destinados prioritariamente a construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y ampliar las capacidades de telecomunicaciones.
La cláusula constitucional que guía el reclamo
La posición de Eduardo Menem estaba vinculada con la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, cuya incorporación impulsó como presidente de la Convención Constituyente de 1994.
«La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional».
La norma también dispone que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional, constituyen «un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso permitirá conocer el alcance definitivo de las nuevas sanciones. Su tratamiento devolverá al Parlamento una discusión que Eduardo Menem planteó en 1998: qué instrumentos legales y económicos debe utilizar la Argentina para impedir que las autorizaciones británicas consoliden la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa en disputa.
