Rechazan restablecer pensión por invalidez porque su cónyuge está jubilado
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación les quitó la pensión por invalidez a una pareja y a la hora de pedir una medida cautelar para el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez, desde la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia se rechazó el pedido porque el cónyuge se encuentra jubilado. El mes pasado y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió aplicar el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’. Luego de que esta decisión haya generado un revuelo que se…

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación les quitó la pensión por invalidez a una pareja y a la hora de pedir una medida cautelar para el restablecimiento de las pensiones no contributivas por invalidez, desde la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia se rechazó el pedido porque el cónyuge se encuentra jubilado.
El mes pasado y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación decidió aplicar el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’.
Luego de que esta decisión haya generado un revuelo que se plasmó en marchas alrededor de todo el país, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, afirmó que el Gobierno había decidido «restablecer» las pensiones a las personas discapacitadas «que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar».
Sin embargo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, rechazó decretar una medida cautelar que restablezca el cobro de las pensiones nacionales no contributivas por invalidez de dos personas con discapacidad, que les fuera revocada por el Ministerio de Desarrollo Social debido a que su cónyuge se encuentra jubilado. Los camaristas entendieron que no había arbitrariedad por cuanto la administración se basó en el decreto 432/97
«El hecho de que aun percibiendo los ingresos mencionados, los actores se ubiquen por debajo de la línea de pobreza -tal y como se afirma en el libelo de inicio- constituye, una cuestión que merece ser probada y merituada fuera de este marco estrictamente precautorio, pudiendo recurrir a todo evento, a la señalada instancia de revisión administrativa, que no ha sido intentada, pero que resulta más idónea y cuyo ejercicio podría procurar una inmediata satisfacción del derecho que dicen, ha sido conculcado», resaltaron los magistrados.
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