El gobierno de Javier Milei ha decidido auditar las pensiones por invalidez laboral en Argentina, que alcanzan a 1.222.000 beneficiarios a nivel nacional. Este número representa el 8,6% de la población económicamente activa (PEA) y ha suscitado preocupación en la administración nacional. En La Rioja, el porcentaje de beneficiarios por invalidez es del 15,6% de la PEA, situándose por encima del promedio nacional.
La revisión de estas pensiones recuerda el estudio realizado en 2016 durante la gestión de Cambiemos, cuando las pensiones equivalían al 6,9% de la PEA. En La Rioja, este porcentaje ha experimentado un crecimiento significativo, destacándose en el contexto de las provincias del norte argentino, donde se concentra el mayor número de estos beneficios.
El análisis revela que La Rioja se encuentra en una posición alarmante respecto a las pensiones por invalidez. Mientras en 2016 el porcentaje era menor, actualmente casi uno de cada seis riojanos en condiciones de trabajar recibe una pensión por invalidez. Este aumento refleja un problema más amplio en el NEA y NOA, donde las irregularidades en la concesión de estas pensiones han sido motivo de controversia.
Las pensiones por invalidez forman parte de un grupo más amplio de beneficios asistenciales, que incluyen coberturas por vejez, para madres de siete o más hijos, leyes especiales, pensiones graciables y beneficios para excombatientes de Malvinas. En total, estas pensiones ascienden a 1.548.662 según datos de junio pasado.
Desde 2001, cuando había 75.947 pensiones por invalidez, el crecimiento ha sido vertiginoso. En 2009, ya sumaban 372.000, y en 2014 superaron el millón. En los últimos diez años, el número de beneficiarios aumentó un 20,2%, alcanzando un monto mensual de $210.000.
Durante la gestión de Macri, la cantidad de estas pensiones disminuyó un 1,7%, en parte debido a la revisión de los otorgamientos anunciada por la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Aunque hubo recortes, la mayoría de las pensiones se restablecieron tras marchas de reclamo.
Para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, es requisito no estar empleado formalmente ni registrado como autónomo, aunque sí como monotributista social. Sin embargo, una vez otorgada, la pensión no prohíbe trabajar, lo cual plantea una «sutileza» en los requisitos. Según Jorge Colina, economista de Idesa, el acceso a estas pensiones está marcado por la falta de claridad en los criterios técnicos aplicados por los médicos de hospitales públicos, a diferencia de las pensiones contributivas que son evaluadas por comisiones médicas del sistema previsional y de riesgos del trabajo.
El vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, informó que entre el 30% y el 40% de las pensiones fueron concedidas incorrectamente. El gobierno de Milei ha comenzado a auditar una muestra de 2500 pensiones para verificar su legitimidad y corregir irregularidades en el sistema.
En La Rioja, la situación es particularmente preocupante debido al alto porcentaje de beneficiarios. Esta auditoría es un paso crucial para garantizar la transparencia y equidad en la distribución de estos beneficios, que deben llegar a quienes realmente los necesitan.
