Un estudio revela la alta concentración de este tipo de pensiones en la provincia, que tiene 43 beneficios cada 1.000 habitantes, y Chaco, con la cifra más alta del país.
Un análisis sobre las pensiones no contributivas por invalidez en Argentina revela una gran disparidad entre las provincias, destacando la alta concentración de estos beneficios en el norte del país. En La Rioja, el 4,3% de la población recibe una pensión por discapacidad, una cifra que equivale a 43 pensiones cada 1.000 habitantes, según un estudio basado en la población de 383.865 riojanos en 2022. De esa forma, hay 16.506 pensiones.
Desigualdad en la distribución de pensiones
El informe detalla que, mientras el promedio nacional es de 25 pensiones por invalidez cada 1.000 habitantes, provincias como Chaco alcanzan una cifra de 86, lo que significa que tienen 10 veces más pensiones que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el número es de apenas 8 por cada 1.000 habitantes.
A pesar de que el informe indica que provincias como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja tienen más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), lo que sugiere posibles irregularidades, también denuncia errores en las auditorías implementadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Errores en la gestión pública
Las auditorías masivas para detectar fraudes en las pensiones generaron suspensiones incorrectas de beneficios y un trato deficiente a los ciudadanos. El estudio describe que, en muchos casos, personas con discapacidades visibles vieron sus prestaciones suspendidas de forma arbitraria. Además, los beneficiarios tuvieron que someterse a trámites burocráticos y engorrosos.
El informe concluye que, si bien es correcto auditar y corregir las irregularidades del pasado, los instrumentos utilizados por la ANDIS fueron deficientes. El plan se suspendió por problemas de gestión, lo que significa que se continuarán pagando pensiones fraudulentas y muchas personas con discapacidad se verán afectadas por trámites injustificados. El estudio enfatiza que, más allá de reducir el déficit fiscal, el Estado debe mejorar la calidad de su gestión.
Informe completo
