Precarización: La “economía popular” desplazó al sector privado en La Rioja y en otras ocho provincias

El Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) ya superó los 3 millones de inscriptos en Argentina. Sin embargo, los números que arrojó la inscripción revelan el desempleo actual y la precarización que existe en el país. En 9 de las 24 provincias, son más las personas que realizan actividades bajo la «economía popular» que los empleados registrados en el sector privado.

Según Télam, los datos fueron requisados por los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social. Hasta mediados de febrero último, el Renatep lleva inscriptas 3.039.620 personas, en el marco de un proceso inaugurado en plena pandemia por el Gobierno para formalizar las tareas que realiza un tercio de la población económicamente activa. Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja tienen más personas registradas en este esquema que dentro del sector privado.

Estos números son llamativos, teniendo en cuenta los reclamos sociales por la falta de empleo y la profunda crisis económica que atraviesa la Argentina. También, llama la atención el discurso contradictorio del Estado, el cual trata de garantizar un menor asistencialismo para generar más empleo genuino. Si bien no es estrictamente un plan social el programa, sí se trata de una política estatal de ayuda social para formalizar el trabajo. 

«El reclamo principal de las protestas está relacionado con la falta de empleo en el sector tradicional de la economía, producto de muchos años de exclusión y de crisis. Tenemos que impulsar el desarrollo de la economía popular para fortalecer el trabajo con derechos en los barrios populares y crecer desde abajo en forma sustentable», detalló Pablo Chena, director de Economía Social y Desarrollo Local, que depende de la cartera que conduce Zabaleta.

Las fuentes estiman que casi ocho de los 21 millones de argentinos encuadrados en la población económicamente activa se desempeña en ese «circuito económico subterráneo». El crecimiento del trabajo informal se potenció durante y después de la pandemia, ante la ola de despidos por el cierre de lugares de trabajo y por la falta de entrada económica. 

Según el último informe de la UCA, el empleo precario (29,6%) y el subempleo inestable (19,2%) aumentaron, y la capacidad de ahorro quedó acotada al 10% de la población. Las ramas de actividad más predominantes entre los inscriptos son las de trabajo doméstico, asistencia a comedores, cuidadores de personas, peluquerías, entre otros oficios.

El Observatorio de Deuda Social confirmó que, entre 2010 y 2021, hubo una “caída de las tasas de actividad laboral y de empleo, con deterioro creciente de los trabajos informales y en los perfiles sociales más vulnerables”. Con respecto al empleo entre julio y octubre, “solo el 42,1% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 9,1% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 19,2% sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación)”.