Mientras Beder y Casas utilizaban el 95% de coparticipación para sueldos, Quintela solo gasta el 50%; hoy el sueldo sería de $120 mil

La primera medida política que tomó el gobernador Ricardo Quintela fue no otorgar un incremento salarial en el 2020. Lo hizo bajo el argumento de la pandemia, pero empobreció a todos los empleados públicos, ya que hoy sus salarios están muy lejos de la canasta para no ser pobres. Es más, muchos son indigentes, según el INDEC.

Los fondos del aumento salarial del 2020 desaparecieron debido que la pandemia fue financiada por el gobierno nacional.

Fue la peor decisión política que tomó un gobernador, ya que sus antecesores Luis Beder Herrera y Ricardo Quintela respectivamente mantenían una política de Estado: que los sueldos no queden lejos de los índices de pobreza y por ello, destinaban el 95% de la coparticipación federal para financiar la grilla salarial. Todos los demás recursos que enviaba la Nación iban a gastos de funcionamiento y obras.

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En el primer año que asumió Quintela borró esa política de Estado y hoy llevó que la mayoría de los estatales sean pobres. Hoy los sueldos están entre $60 mil y $70 mil. Los fondos nacionales han superado el proceso inflacionario, con excepción de los salarios porque en el 2020 no hubo incremento.

Para tomar dimensión de los recursos que llegan todos los meses: un mes de recursos extras de Quintela equivale a un año que recibía Beder Herrera y no muy lejos de lo que recibía Casas. Este año, la inflación rondará el 100%.

Un dato contundente: El anual de Casas es inferior al mensual de Quintela. O sea que el actual gobernador recibe 11 veces más dinero que el ex mandatario y actual diputado nacional anualmente.

La cantidad de salarios que se pagan es un secreto de Estado, pero en base a números anteriores se puede decir que hoy el empleado público podría tener un sueldo de $120 mil.

Si el gobernador pagaría 70 mil sueldos de $120 mil destinaría $8.400.000.000 mensuales. Hoy la administración quintelista maneja $14.000.000.000 por mes entre coparticipación, extras, recaudación propias y otros ingresos. Es decir, no pondría en juego nada y fundamentalmente los empleados públicos no estarían lejos de los índices de pobreza.

Como ya se dijo, Quintela nunca pensó manejar tanto dinero, aunque no se vea en los bolsillos de los trabajadores públicos que son la principal industria de La Rioja y mucho menos en las calles de la provincia.

Hay empleados precarizados de $10 mil que equivale a la nada misma en un gobierno peronista que lucha por la justicia social.

Por este motivo se puede decir (aunque duela el alma) que la mayoría de las familias riojanas son pobres y muchas indigentes, y que casi todos los estatales están debajo de la línea de pobreza.

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