La Justicia Federal dicta embargo contra Rioja Vial S.A.U. por deuda fiscal de más de 8 millones de pesos
El Juzgado Federal de La Rioja emitió un mandamiento de intimación de pago contra la empresa Rioja Vial S.A.U. por una deuda fiscal de $8.437.865,53, incluyendo intereses y costas. La medida incluye el embargo sobre fondos y valores en entidades financieras y la posibilidad de nuevas acciones judiciales en caso de incumplimiento. En una decisión emitida por el Juzgado Federal de La Rioja, la Justicia ordenó el embargo de fondos y valores contra la empresa Rioja Vial S.A.U. en el marco de una ejecución fiscal promovida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El monto reclamado asciende a $8.437.865,53,…

El Juzgado Federal de La Rioja emitió un mandamiento de intimación de pago contra la empresa Rioja Vial S.A.U. por una deuda fiscal de $8.437.865,53, incluyendo intereses y costas. La medida incluye el embargo sobre fondos y valores en entidades financieras y la posibilidad de nuevas acciones judiciales en caso de incumplimiento.
En una decisión emitida por el Juzgado Federal de La Rioja, la Justicia ordenó el embargo de fondos y valores contra la empresa Rioja Vial S.A.U. en el marco de una ejecución fiscal promovida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El monto reclamado asciende a $8.437.865,53, suma que incluye el capital adeudado junto con un 15% adicional en concepto de intereses y costas judiciales.
El juez Daniel Herrera Piedrabuena, a cargo de la causa, dispuso que se libere un mandamiento de intimación de pago, otorgando un plazo de cinco días hábiles para que la empresa realice el pago o presente excepciones conforme a la Ley 11.683. En caso de incumplimiento, se procederá con el embargo de fondos depositados en cuentas bancarias, inversiones a plazo fijo y otros activos financieros a nombre de Rioja Vial S.A.U.
La medida incluye también la posibilidad de transferir los fondos embargados al Banco de la Nación Argentina, a la orden del Juzgado. Asimismo, se autoriza a la AFIP a levantar las medidas cautelares en caso de que la empresa regularice su situación sin necesidad de una nueva orden judicial.
Este procedimiento se enmarca en las normativas vigentes de la AFIP, incluyendo la Resolución General 5482/2024, y busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas deudoras.
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