La recesión económica y los recortes en las transferencias del Gobierno Nacional afectaron gravemente a La Rioja, que experimentó una disminución del 14% en su recaudación impositiva. La caída en la coparticipación federal y en los ingresos provinciales plantea desafíos para la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de los ajustes solicitados por la Nación.
Durante el primer semestre de 2024, La Rioja enfrentó una notable contracción en sus ingresos propios, con una caída del 14% en términos reales, según un informe de la consultora Invecq. Este desplome se suma a una situación económica ya afectada por la recesión y la reducción de las transferencias discrecionales por parte del Gobierno Nacional, lo que ha puesto en jaque las finanzas provinciales.
Los recursos provenientes de la coparticipación federal, que constituyen más del 55% de los ingresos provinciales, también registraron una caída del 11,5% interanual, complicando aún más la situación de La Rioja. A esto se añade una baja en las transferencias corrientes del 75% y del 98% en las de capital, relacionadas principalmente con la paralización de la obra pública.
La caída en la recaudación por impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, inmobiliario y automotores, afectó la capacidad de la provincia para financiarse, forzando al gobierno provincial a recortar gastos. En el contexto de alta inflación, el ajuste realizado ha logrado contener el gasto, pero se plantea la duda sobre si esta estrategia es sostenible a lo largo del año, especialmente frente a las exigencias de la Nación.
El presidente Javier Milei ha solicitado a las provincias un ajuste adicional de USD 20.000 millones como parte del proyecto de Presupuesto 2025, en el que se busca reducir el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI. Este pedido implica un recorte significativo para las provincias, incluyendo La Rioja, que deberá enfrentar decisiones difíciles para cumplir con este mandato sin afectar los servicios esenciales y las políticas sociales.
La situación de La Rioja refleja un desafío compartido por muchas provincias argentinas, en un contexto donde la caída de ingresos y los ajustes presupuestarios marcan la agenda económica de los gobiernos locales.
