El Centro Comercial critica aumentos de tasas y medidas de fiscalización aprobadas por el Concejo Deliberante
El Concejo Deliberante de La Rioja aprobó este miércoles la Ordenanza Impositiva 2025, estableciendo el valor de la Unidad Tarifaria Municipal (UTM) en $50,00. La medida, que regula los montos de las tasas municipales, generó un fuerte rechazo por parte del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, liderado por su director ejecutivo, Juan Keulyan, quien anticipó que podrían recurrir a la Justicia si no se modifica.
Reclamos por aumentos desproporcionados y falta de diálogo
Keulyan expresó su preocupación por los aumentos trimestrales de tasas establecidos en años anteriores, argumentando que estos superan ampliamente la inflación: “La inflación no está al nivel que estaba el año pasado, pero las tasas siguen aumentando a niveles complicados”. También cuestionó que los comerciantes no fueron consultados ni incluidos en el proceso de negociación.
Preocupación por medidas de fiscalización consideradas ilegales
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ordenanza es la potestad otorgada al Secretario de Hacienda para clausurar comercios que no paguen las tasas municipales. Keulyan calificó esta medida como ilegal y arbitraria: “Se atribuyen facultades para clausurar un negocio si no pagan las tasas. Eso no es lógico ni coherente”.
Advertencias de conflictos judiciales
El director ejecutivo del Centro Comercial señaló que intentaron abrir canales de diálogo con el Concejo Deliberante en agosto, cuando se discutió el último aumento trimestral de tasas, pero no fueron escuchados. “O nos sentamos a dialogar o vamos a terminar en un conflicto judicial. Pediremos el veto de la ordenanza, de lo contrario recurriremos a la Justicia”, enfatizó.
Impacto en el sector comercial
Keulyan advirtió sobre las consecuencias negativas de estas medidas para la economía local, destacando que el comercio es el segundo empleador más importante de la provincia. “Muchos comercios medianos están abriendo sucursales en Catamarca y trasladando sus domicilios fiscales a esa provincia. Están haciendo las cosas mal”, concluyó.
El Centro Comercial exige un replanteamiento de la ordenanza y una mayor apertura al diálogo, advirtiendo que el actual esquema impositivo podría afectar gravemente al sector, incentivar la fuga de comercios y generar conflictos legales en los próximos meses.




