El presidente del Centro Comercial e Industrial, Juan Keulián, anunció que varios comercios riojanos llevarán a la Justicia su reclamo contra la ordenanza impositiva 2025 aprobada por el Concejo Deliberante. El incremento de la Unidad Tributaria Municipal y las atribuciones otorgadas al municipio generaron un fuerte rechazo en el sector comercial.
El conflicto entre los comercios riojanos y el municipio capitalino escaló tras la decisión de no vetar la ordenanza impositiva 2025, aprobada recientemente por el Concejo Deliberante. Juan Keulián, presidente del Centro Comercial e Industrial (CCI), aseguró que muchos empresarios llevarán su reclamo a la Justicia, argumentando que algunos puntos de la ordenanza son inconstitucionales.
Keulián explicó que la entidad no puede realizar presentaciones legales directamente, pero cada comercio afectado procederá de manera individual. “Esto se va a judicializar. Sabemos que algunos empresarios iniciarán acciones legales porque la suba de tasas impactará directamente en su capacidad de operar,” afirmó. Entre los puntos más cuestionados está el aumento de la Unidad Tributaria Municipal (UTM), que pasará de $33 a $50.
Además, el empresario advirtió sobre las consecuencias económicas negativas que este incremento puede generar en el sector. “Cuando el comercio chico no puede pagar las tasas, pasa a la informalidad o cierra el local. Los grandes comercios, en cambio, dejan de invertir en la provincia y buscan mejores condiciones en otros lugares. La presión impositiva excesiva siempre termina afectando la recaudación a largo plazo,” explicó Keulián.
Desde el municipio, el secretario de Gobierno, Oscar Luna, había afirmado que se realizaron reuniones con la cámara empresaria para explicar los motivos de la actualización de la ordenanza, algo que Keulián desmintió rotundamente. “No hubo ningún encuentro. No tienen interés en entender la realidad que vivimos los comerciantes,” señaló.
El presidente del CCI también denunció aspectos legales controversiales en la ordenanza. “El municipio no puede otorgarse facultades como juzgar y allanar comercios. Eso es un claro desconocimiento de los límites legales,” argumentó. Según Keulián, estas atribuciones podrían ser inconstitucionales y serían parte del núcleo de las acciones judiciales que los comercios planean llevar adelante.
Por otra parte, Keulián anticipó que la resolución del conflicto podría extenderse hasta la Corte Suprema, dado que estima que los fallos iniciales en la justicia local podrían ser favorables al municipio. “La discusión legal será larga, pero es necesario sentar un precedente ante estas medidas que afectan la sostenibilidad del comercio,” concluyó.
El panorama se presenta tenso y con perspectivas de mayores enfrentamientos entre el municipio y los comerciantes, quienes advierten que estas medidas podrían agravar la crisis económica en La Rioja, afectando no solo al sector privado, sino también a la recaudación fiscal a mediano plazo.
