El Ministerio de Economía de la Nación dio luz verde a la adhesión de la multinacional Glencore para reactivar y ampliar el yacimiento en Andalgalá con 8.200 empleos proyectados. La sociedad pragmática de Raúl Jalil con la Casa Rosada vuelve a exhibir el costo económico para la administración riojana, donde el rechazo ideológico al régimen libertario mantiene congelada la llegada de capitales pesados.

El tablero minero del noroeste argentino acaba de registrar su mayor movimiento de capital en décadas. A través de los canales oficiales del Ministerio de Economía de la Nación, el Palacio de Hacienda confirmó la aprobación formal del proyecto integrado MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera) dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, operada por el gigante global Glencore en la provincia de Catamarca, compromete un desembolso colosal de USD 6.394 millones a lo largo de su vida útil y proyecta la creación de 8.200 puestos de trabajodirectos e indirectos para la producción de cobre, oro, plata y molibdeno.

La noticia resonó con fuerza en la Casa de las Tejas. Mientras el gobernador catamarqueño Raúl Jalil consolida una relación de beneficios directos con el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo —asegurando vuelos semanales, obras viales y luz verde para las corporaciones extractivas—, La Rioja observa el despegue regional desde la vereda opuesta, atada a su postura de rechazo doctrinario a la Ley Bases y al RIGI.

Cobre, oro y 8.200 empleos al otro lado de la frontera

El proyecto MARA representa la integración operativa de la histórica infraestructura de Bajo de la Alumbrera con el nuevo reservorio de Agua Rica, en el departamento Andalgalá, a escasos kilómetros del límite interprovincial con La Rioja. Con reservas de clase mundial, la mina apunta a abastecer la creciente demanda global de cobre para la transición energética, transformando la matriz productiva del valle catamarqueño.

El impacto sobre el empleo es el dato que más sacude a la dirigencia riojana. Con 8.200 operarios previstos entre las etapas de construcción civil, montaje electromecánico y explotación, la absorción laboral de Andalgalá, Belén y Santa María contrasta drásticamente con la realidad del mercado de trabajo en La Rioja, donde el sector de la construcción se precipitó a menos de 2.000 trabajadores activos y el comercio enfrenta meses de ventas planchadas.

Para la Casa Rosada, la resolución es exhibida como el primer gran trofeo del RIGI en el sector minero metalífero, validando la tesis de Caputo de que las garantías impositivas, cambiarias y aduaneras a 30 años destrabarían inversiones que llevaban más de una década empantanadas en los escritorios corporativos.

La estrategia de Jalil versus el aislamiento de la Casa de las Tejas

El anuncio de los USD 6.394 millones expone dos modelos antagónicos de supervivencia política en las provincias del Norte Grande. Jalil, de origen peronista, optó por despegarse del bloque de resistencia que comanda Ricardo Quintela, facilitó los votos de sus legisladores en el Congreso y convirtió a Catamarca en un distrito amigable para el esquema libertario, asegurando la llegada de dólares y la presencia de ministros nacionales en su territorio.

En contraste, el Ejecutivo riojano clausuró la adhesión provincial al RIGI, denunciándolo como un esquema colonial que cede recursos naturales y desprotege a los proveedores locales. Sin embargo, la contracara de esa intransigencia política es la asfixia financiera: con transferencias no automáticas cortadas en cero, una deuda judicializada de $2,2 billones con la Nación y el default del Bono Verde en los tribunales de Nueva York, la provincia carece de espaldas para impulsar proyectos de escala por cuenta propia.

En los pasillos de la Gobernación admiten en reserva que la diferencia de ingresos por proveedores locales y regalías entre ambos distritos profundizará la brecha económica interprovincial a mediano plazo, dejando a La Rioja en desventaja frente a sus vecinos de la Mesa del Cobre y del Litio.

La advertencia de los 20 años perdidos en la cordillera riojana

La megainversión en Andalgalá reactiva un debate incómodo que dirigentes opositores y referentes del peronismo disidente, como Teresita Luna, vienen planteando en la provincia: las dos décadas perdidas en materia de desarrollo minero. Mientras Catamarca, San Juan y Salta estructuraron políticas de Estado para atraer a las principales mineras del planeta, La Rioja atravesó años de marchas, ordenanzas prohibitivas y cambios de marco jurídico en torno al cordón del Famatina.

Si bien el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria que conduce Federico Bazán promociona la existencia de 26 proyectos mineros en territorio riojano, la inmensa mayoría permanece en estadios iniciales de prospección y cateo exploratorio. Ninguno cuenta hoy con la escala, la certeza legal ni el volumen de financiamiento internacional que ostenta MARA al otro lado del cordón montañoso.

Con el RIGI aprobado para Glencore, el Norte Grande reconfigura su mapa geoeconómico. Catamarca entra en la liga de los grandes exportadores globales de cobre, mientras La Rioja afronta la urgencia de rescatar los Chachos y cubrir los sueldos de fin de año, atrapada en un modelo de confrontación que mira la riqueza minera desde la ventanilla de enfrente.