A cargo del ministerio tras la licencia por motivos personales de Ariel Puy Soria, el ingeniero Diego Rivero reveló que edificar una casa tipo demanda $110 millones y que la provincia sostiene 530 obras activas con fondos propios. Denunció que Nación incumplió los acuerdos firmados por Lisandro Catalán y advirtió que el empleo sectorial se derrumbó de 9.000 a menos de 2.000 obreros.

El organigrama del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social formalizó su nueva conducción operativa. Tras el paso al costado de Ariel Puy Soria mediante una licencia por tiempo indeterminado, el secretario de Vivienda, Diego Rivero Almonacid, quedó al frente de la cartera por instrucción directa del gobernador Ricardo Quintela. En sus primeras declaraciones públicas en el cargo, el funcionario expuso la crudeza de los números habitacionales y ratificó la decisión de continuar con la entrega de escrituras, la regularización dominial y el recupero de inmuebles deshabitados.

Rivero mantuvo un cónclave clave en la Casa de las Tejas para calibrar los recursos provinciales ante la parálisis total de la obra pública federal. La meta fijada por el Ejecutivo es culminar el mandato de Quintela rozando las 7.000 soluciones habitacionales integrales, sumando loteos con servicios, escrituraciones y adjudicaciones, en un contexto donde el financiamiento depende exclusivamente del tesoro riojano.

Traspaso de mando y la herencia de las 1.600 obras frenadas

El diagnóstico que trazó el nuevo titular del área describe el parate que sufrió la provincia a partir de diciembre de 2023. Al asumir la gestión libertaria de Javier Milei, quedaron paralizadas de manera inmediata 1.600 viviendas que estaban en pleno proceso constructivo bajo los programas Casa Propia y Procrear, además de proyectos de infraestructura barrial que mantenían a las empresas locales trabajando a capacidad plena.

Rivero recordó que a mediados de 2024 el gobernador suscribió un acta compromiso en Buenos Aires con el entonces vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, para reactivar el pago de certificados y concluir las obras con financiamiento compartido. Sin embargo, desde Balcarce 50 jamás transfirieron un solo peso de lo pactado y, apenas dos meses después del acuerdo, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Vivienda, dejando al país sin una autoridad federal en la materia.

Frente a ese vacío, la administración riojana debió readecuar sus partidas para reactivar los proyectos con mayor grado de avance físico. Tras haber entregado 200 llaves a fines de 2025, el ministerio concentra sus esfuerzos actuales en 530 viviendas distribuidas en distintos departamentos del interior y la Capital.

El costo de $110 millones y la clase media que engrosa el padrón

La suba de los costos de la construcción alteró la ecuación presupuestaria. De acuerdo a los registros técnicos del ministerio, el metro cuadrado oscila entre $1.200.000 y $1.300.000. De este modo, una unidad habitacional estándar de tres dormitorios y casi 80 metros cuadrados cubiertos trepó a un valor de $110 millones, incluyendo las redes de infraestructura frentista básicas.

El encarecimiento general del costo de vida impactó de lleno en la demanda social. El padrón provincial de postulantes trepó a 19.200 familias inscriptas, de las cuales más del 50% corresponden al departamento Capital. Rivero advirtió un cambio en el perfil de los solicitantes: un aluvión de profesionales, matrimonios jóvenes y sectores de clase media que antes alquilaban en el mercado formal pero que, asfixiados por la pérdida de poder adquisitivo, ahora acuden al auxilio del Estado provincial.

El cuadro se agrava por la inexistencia de crédito hipotecario accesible en la región. Mientras entidades como el Banco Nación canalizaron más de 30.000 préstamos concentrados en las grandes urbes del centro del país, el Norte Grande quedó al margen de esa liquidez bancaria, obligando a las familias a depender de la adjudicación pública.

Desplome del empleo en la construcción y promesas rotas de Balcarce 50

El impacto más lesivo de la política nacional se observa en el mercado de trabajo riojano. En los picos de mayor despliegue de obra pública, el circuito de la construcción llegó a emplear entre 8.000 y 9.000 trabajadores entre albañiles, plomeros, electricistas y yeseros, combinando registros formales con cuadrillas temporarias.

Según los últimos relevamientos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el padrón activo en la provincia no alcanza los 2.000 operarios, lo que evidencia la pérdida de más de 6.000 puestos laborales. Rivero mantuvo conversaciones informales con la nueva cúpula de la Cámara de la Construcción local, quienes le transmitieron el desamparo institucional que reina tras reiterados intentos fallidos de abrir mesas de diálogo con ministros nacionales.

En esa línea, el funcionario riojano marcó una ironía política: recordó cómo mandatarios vecinos del Norte Grande que respaldaron con sus votos leyes clave de la Casa Rosada hoy deben inaugurar viviendas con fondos estrictamente provinciales, mientras la Nación mantiene deudas millonarias y niega el envío de partidas certificadas.

Recupero de casas deshabitadas y cuotas congeladas

En el plano administrativo interno, Rivero ratificó que profundizarán las auditorías sobre inmuebles sociales deshabitados o transferidos de manera irregular para reincorporarlos al circuito de adjudicación. Para acelerar los tiempos, se trabaja junto a la Secretaría de Tierras en la regularización de planos de mensura y loteo pendientes.

En materia de cobro, el ministerio mantiene vigente el esquema de cuotas congeladas y la bonificación extraordinaria del 20% dispuesta por Quintela. Los montos oscilan entre los $80.000 y un tope de $180.000 para las unidades más amplias, valores que representan menos de la mitad de un alquiler en el centro capitalino.

No obstante, el titular del área reclamó responsabilidad a los adjudicatarios para mantener las cuotas al día o acercarse a rubricar planes de pago accesibles. El recupero de esos fondos, explicó Rivero, constituye la única vía de autofinanciamiento para comprar materiales y finalizar las obras pendientes en una provincia que debió asumir en soledad la política de vivienda.