La resolución nacional inhabilitó al 60% de las entidades locales por balances adeudados en medio de la recesión. El referente Fernando Gómez cuestionó la ofensiva de Balcarce 50 por empujar al sector a la muerte civil, pero apuntó de lleno contra la Casa de las Tejas: denunció que la ley de fomento lleva 16 años frenada y exigió saber qué hizo el Ejecutivo con los fondos coparticipados para la economía social.

La economía popular y cooperativa de La Rioja enfrenta su momento más crítico. Una resolución general emitida por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dispuso la suspensión masiva de matrículas en todo el país, una medida que en el orden provincial alcanzó de lleno a 92 entidades sobre un padrón activo de 149 instituciones. La sanción administrativa congela la actividad del 60% del entramado solidario riojano, inhabilitándolo para facturar, operar cuentas bancarias, tramitar ante la agencia ARCA o vincularse comercialmente con clientes y proveedores.

En declaraciones radiales, el titular de la Mesa de Cooperativas Unidas y Organizadas de La Rioja, Fernando Gómez, calificó la decisión del organismo nacional como parte de una estrategia para desarticular la organización productiva de base. Sin embargo, el dirigente amplió el foco del conflicto y descargó duras críticas contra la administración provincial de Ricardo Quintela por la ausencia total de políticas de respaldo y la retención opaca de recursos genuinos del sector.

Parálisis operativa y la amenaza de liquidación de oficio

La resolución del INAES fijó un plazo perentorio de 30 a 45 días para que las entidades regularicen ejercicios contables y nóminas de autoridades adeudadas entre 2023 y 2025. Vencido ese término perentorio, el paso administrativo inmediato es la liquidación definitiva y la disolución legal de la personería jurídica, lo que dejaría en la calle a cientos de familias que dependen del autoempleo en la provincia.

Gómez advirtió sobre la imposibilidad material de cumplir con los plazos impuestos por Buenos Aires en medio del parate económico general. Explicó que la confección y certificación profesional de un balance anual para una cooperativa con actividad mínima o nula ronda entre $500.000 y $600.000, una erogación inalcanzable para grupos asociativos que acumulan tres o cuatro ejercicios pendientes por el desplome de sus ventas.

Desde el espacio gremial, articulado con federaciones y confederaciones nacionales, exigieron formalmente al INAES que dé marcha atrás con las suspensiones directas y abra un procedimiento ordinario de intimación previa y saneamiento tutelado para evitar la muerte civil de las instituciones.

Ley cajoneada hace 16 años y el ninguneo en el Banco Rioja

El frente de conflicto no se agota en el plano federal. Gómez remarcó que la fragilidad de las entidades en el plano doméstico es consecuencia directa del desinterés de los sucesivos gobiernos provinciales. Denunció que la Ley Provincial 8.901 de Fomento Cooperativo, una norma concebida para compensar asimetrías y articular políticas públicas, permanece sin reglamentar y carece de partidas presupuestarias desde hace 16 años, tanto durante el mandato de Sergio Casas como en la actual gestión de Quintela.

«En La Rioja no existe una sola política pública para el sector cooperativo y mutual; dejó de ser desidia y se transformó en una decisión política de no fomentar la economía social», sentenció el dirigente. Como muestra del vacío institucional, expuso que el Banco Rioja desconoce la personería cooperativa a la hora de otorgar créditos o abrir cuentas operativas, obligando a los consejos de administración a «disfrazarse de pymes» para acceder a servicios financieros elementales.

Esa orfandad local contrasta con el discurso oficial de defensa del trabajo comunitario y deja al sector cooperativo desamparado frente a la embestida regulatoria del gobierno de Javier Milei.

La caja oculta de $1.240 millones que la Provincia no explica

El punto más álgido del reclamo apuntó al destino de los fondos específicos de promoción cooperativa. Por ley nacional, las entidades tributan anualmente el 5% de su capital para constituir el Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. De esa masa de recursos recaudada por la Nación, el 51% financia la estructura autárquica del INAES y el 49% restante se coparticipa automáticamente a las provincias para su reinversión exclusiva en el sector.

De acuerdo a las planillas exhibidas por la Mesa de Cooperativas, La Rioja percibió transferencias automáticas por $680 millones durante el ejercicio 2025 bajo este concepto, a los que se sumaron otros $560 millones liquidados al tercer trimestre de 2026. Se trata de un acumulado superior a los $1.240 millones cuyo paradero en las arcas provinciales es un completo misterio.

Gómez reclamó que el Ejecutivo riojano rinda cuentas sobre esas partidas, al advertir que con una fracción de ese dinero coparticipado las 92 entidades afectadas podrían haber costeado los honorarios contables, cancelado sus deudas documentales y evitado la suspensión de sus matrículas.

Convocatoria a una mesa de diálogo antes de la disolución

Frente a la inminencia de los plazos legales, la Mesa de Cooperativas convocó a las autoridades provinciales a una mesa de concertación urgente. La propuesta apunta a conformar un fondo de salvataje transitorio con los recursos propios adeudados al sector y diagramar un cronograma de regularización administrativa junto a los colegios profesionales de ciencias económicas.

El dirigente rechazó los discursos que estigmatizan a las organizaciones comunitarias como estructuras dependientes de los subsidios estatales. «El Estado no vive de ayudarnos, nosotros aportamos de nuestra producción y sostenemos el empleo; lo único que pedimos es que la Provincia devuelva los recursos que son nuestros para no desaparecer», remarcó.

La cuenta regresiva del INAES ya corre en los despachos riojanos. Sin una intervención decidida de la Casa de las Tejas que destrabe los fondos coparticipados y reglamente la postergada ley local, más de noventa entidades productivas quedarán al borde de la extinción formal antes de fin de año.