El ministro de Hacienda ratificó que la cuasimoneda provincial concluye a fin de año y que su eventual continuidad exigirá una nueva ley en la Legislatura. Aseguró los fondos para el aguinaldo y el rescate definitivo del bono, cifró el reclamo a Nación en $2,2 billones y justificó la falta de pago a los bonistas del Parque Eólico: «Nuestra prioridad es pagar los sueldos».

El cronograma del bono provincial ingresó en su cuenta regresiva. En declaraciones radiales, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de La Rioja, Fabián Blanco, confirmó que en noviembre se liquidará el último pago de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), comúnmente denominados «Chachos», para dar paso al rescate final en diciembre. La herramienta financiera, ideada para inyectar circulante en el comercio de cercanía, cumplirá su plazo formal sin certezas aún sobre una prórroga para 2027.

Blanco defendió el rendimiento del papel riojano frente al parate general del consumo y explicó por qué el Ejecutivo optó por emitir el bono en lugar de volcar esos montos en pesos: la meta fue nutrir la microeconomía y evitar la fuga de divisas fuera del territorio. Sin embargo, aclaró que para extender el instrumento la Cámara de Diputados deberá tratar un nuevo proyecto, ya que por mandato legal no puede traspasar el ejercicio anual sin perder su condición de bono de corto plazo.

El adiós al bono y la pulseada por el bolsillo estatal

La salida del Chacho reabre la discusión sobre los $50.000 que los agentes estatales venían percibiendo como complemento. Blanco reconoció que el gobernador Ricardo Quintela pidió estudiar alternativas para que los empleados públicos no sufran una merma en sus ingresos a partir de diciembre, aunque evitó confirmar si la suma se integrará al básico o a la quincenita.

La Casa de las Tejas evalúa otorgar un bono de fin de año que absorba esa compensación. No obstante, el titular de la cartera económica ató cualquier definición a la marcha de la coparticipación federal, recurso del que depende el 88% del presupuesto provincial. El ministro advirtió que la caída de la recaudación nacional por el cierre de comercios golpea directamente las remesas diarias que llegan por el goteo automático.

Pese a la cautela, el funcionario valoró la respuesta del comercio local durante la vigencia del bono, destacando que varias firmas llegaron a ofrecer descuentos del 15% para quienes operaban con el papel riojano, al tiempo que ministros de Hacienda de otras provincias le consultaron en reserva por los detalles técnicos del mecanismo.

El «superdiciembre» financiero y la garantía del aguinaldo

De cara al cierre de año, el Palacio de Hacienda prepara un despliegue de recursos de alta exigencia financiera. En el transcurso de diciembre, la provincia deberá afrontar en simultáneo el sueldo habitual, la quincenita, el medio aguinaldo (SAC), el inicio del cronograma de enero en el último día hábil del mes y el rescate del 100% de los Chachos en circulación.

Frente a la incertidumbre de los gremios estatales, Blanco llevó tranquilidad y aseguró que las previsiones presupuestarias están en marcha para cancelar la totalidad de los compromisos salariales sin sobresaltos. «Los peores meses ya pasaron», diagnosticó el ministro, tras resaltar que La Rioja fue catalogada entre las ocho administraciones con mayor transparencia en la ejecución presupuestaria.

Ese margen de maniobra, según la explicación oficial, es el que permite sostener obras de infraestructura provincializadas, como el gasoducto de Chilecito y los programas habitacionales en el interior, mientras se canalizan las expectativas hacia los 26 proyectos mineros coordinados con el área de Industria que comanda Federico Bazán.

La deuda de Nación en $2,2 billones y el frente de los bonistas

En el plano nacional, Blanco endureció el reclamo contra la administración de Javier Milei. Cifró en $2,2 billones la acreencia histórica acumulada desde la pérdida del punto de coparticipación en 1988 y denunció que el distrito sufre un recorte de $72.000 millones mensuales por los fondos extracoparticipables retenidos desde diciembre de 2023. Además, reveló que la Casa Rosada desestimó tanto los pedidos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como un anticipo de coparticipación a tasa blanda que había sido tramitado por decreto.

El titular de Hacienda remarcó que el reclamo por los fondos coparticipables está formalmente judicializado ante la Corte Suprema, aunque admitió que ve «poco probable» que el actual gobierno nacional liquide las partidas. Aseguró que, en caso de cobrar esa deuda, un porcentaje significativo se volcaría de inmediato a una recomposición salarial para la administración pública.

El recorte de transferencias también sirvió de argumento para responder al reclamo internacional de los acreedores por el default del Bono Verde. Blanco subrayó que la deuda heredada del gobierno de Sergio Casas se dejó de pagar a inicios de 2024 cuando se cortaron los fondos nacionales, y ratificó la postura ante los comités de bonistas: la provincia no dejará de pagar sueldos para cancelar intereses en Wall Street, aun cuando mantiene canales de diálogo abiertos para renegociar sin arriesgar la caja provincial.