La venta de las empresas estatales Granjas Riojanas SAPEM y Agroarauco SAU se ha efectuado sin publicar los montos involucrados, generando debates sobre la transparencia del proceso.
En una movida que ha causado cierta controversia, el Gobierno de La Rioja ha procedido con la privatización de dos de sus empresas públicas, Granjas Riojanas SAPEM y Agroarauco SAU. La decisión, ratificada por la Función Ejecutiva Provincial y publicada en el Boletín Oficial, no ha revelado los detalles financieros del acuerdo, incluyendo los montos de venta, lo que ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Según el artículo 27 del Boletín Oficial del 20 de diciembre de 2024, la privatización ha sido autorizada a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, que convenirá con Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC’s) dentro de parámetros de riesgo y volatilidad controlada. Esta acción se alinea con esfuerzos anteriores del gobierno provincial para reestructurar o privatizar activos estatales en un intento por mejorar la eficiencia y reducir la carga financiera del estado.
La ratificación de la venta de estas empresas se enmarca en una política más amplia de privatizaciones que busca inyectar dinamismo en sectores claves de la economía riojana, según fuentes oficiales. Sin embargo, la falta de detalles sobre los términos financieros de estas transacciones ha provocado inquietud entre sindicatos, sectores políticos de oposición y la ciudadanía, que demandan mayor claridad y justificación en la transferencia de activos públicos a manos privadas.
Además del debate sobre la transparencia, existen preocupaciones sobre el impacto de estas privatizaciones en los empleados de las empresas y en las comunidades locales que dependen de sus servicios. Los críticos de la medida piden garantías de que los acuerdos incluyan cláusulas para proteger los empleos existentes y fomentar el desarrollo regional a largo plazo.
Mientras tanto, se espera que el gobierno de La Rioja proporcione más información en respuesta a las solicitudes de transparencia y para calmar el descontento público, asegurando que estas decisiones contribuyen efectivamente al bienestar económico y social de la provincia.
