Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad, defiende la política como un medio para garantizar la libre circulación y reducir bloqueos, mientras la organización internacional expresa preocupaciones sobre su impacto en los derechos humanos.
En medio de un creciente debate sobre la política de seguridad en Argentina, Fernando Soto, director de Normativa del Ministerio de Seguridad, abordó las críticas de Amnistía Internacional sobre el protocolo antipiquetes.
En declaraciones a Fénix, Soto defendió la medida, argumentando que busca equilibrar el derecho de manifestación con la necesidad de garantizar la libre circulación de los ciudadanos.
El funcionario enfatizó que el protocolo fue implementado para poner fin a años de bloqueos que perjudicaban a trabajadores y ciudadanos, quienes, según él, a menudo se convertían en rehenes de grupos que obstaculizaban el tránsito en calles y rutas. “La nueva normativa ha permitido un cambio significativo, registrando más de 220.000 denuncias de extorsión por parte de grupos piqueteros”, afirmó Soto, sugiriendo que las protestas masivas eran a menudo manipuladas por líderes que exigían participación bajo la amenaza de retirar beneficios sociales.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación sobre cómo el protocolo podría afectar los derechos humanos y la libertad de expresión. La organización ha instado al gobierno a reconsiderar estas medidas, argumentando que la represión de las manifestaciones puede llevar a un debilitamiento de la democracia.
Soto, en respuesta a las críticas internacionales, cuestionó por qué Amnistía Internacional no condena situaciones similares en otros países, como Venezuela o Cuba, donde la represión de manifestaciones es evidente. Además, destacó los logros de la política de seguridad en Rosario, donde se ha registrado una disminución del 77% en la tasa de homicidios tras la desarticulación de mafias locales.
El debate sobre el protocolo antipiquetes refleja una tensión creciente entre la necesidad de mantener el orden público y el respeto a los derechos de los ciudadanos, evidenciando la complejidad de la gestión de conflictos sociales en el país.
