Mientras La Rioja registra una de las tasas más bajas de juicios laborales, provincias como San Luis y Mendoza lideran el ranking de litigiosidad. Expertos analizan las causas detrás de esta brecha y su impacto en el empleo formal.

La litigiosidad laboral en Argentina no solo ha alcanzado niveles récord en 2024, con más de 125.000 demandas judiciales, sino que también presenta una marcada disparidad entre provincias. Mientras que La Rioja, Catamarca y Salta registran tasas mínimas de juicios laborales, otras jurisdicciones como San Luis, Mendoza y Río Negro lideran el ranking con los valores más altos, según datos recientes.

En La Rioja, por ejemplo, la litigiosidad laboral es casi inexistente, con apenas unos pocos casos por cada 1.000 trabajadores registrados. Esta baja tasa podría atribuirse a un menor nivel de conflictividad laboral o, en algunos casos, a limitaciones en el acceso a la justicia. Sin embargo, expertos advierten que esta situación no necesariamente refleja mejores condiciones laborales, sino que podría estar relacionada con la falta de recursos o incentivos para judicializar conflictos.

En el otro extremo, provincias como San Luis y Mendoza presentan tasas de litigiosidad significativamente más altas. En estas jurisdicciones, la cantidad de juicios laborales por cada 1.000 trabajadores supera ampliamente el promedio nacional. Este fenómeno podría estar vinculado a una mayor propensión a la judicialización, condiciones laborales más conflictivas o incluso a la posibilidad de que los trabajadores elijan estas jurisdicciones para presentar sus demandas, aprovechando interpretaciones más favorables de la normativa laboral.

Factores que explican la disparidad
La falta de uniformidad en la aplicación de la normativa laboral es uno de los principales factores que explican esta brecha. En provincias como Mendoza y San Luis, la interpretación de las leyes laborales suele ser más favorable a los trabajadores, lo que incentiva la presentación de demandas. Por el contrario, en provincias como La Rioja, la ausencia de cuerpos médicos forenses especializados y la falta de incentivos económicos para litigar podrían estar limitando el número de juicios.

Además, la posibilidad de que los trabajadores elijan la jurisdicción donde presentar sus demandas introduce un sesgo en los datos. «En algunas provincias, la alta litigiosidad no necesariamente refleja una mayor conflictividad laboral, sino que puede deberse a que los trabajadores eligen esas jurisdicciones por su historial de fallos favorables», explicó Laura Caullo, investigadora del Área de Empleo y Política Social.

Impacto en el empleo formal
La disparidad en la litigiosidad laboral también tiene consecuencias directas sobre el empleo formal. En provincias con altas tasas de judicialización, como San Luis y Mendoza, las empresas enfrentan mayores costos y riesgos al momento de contratar, lo que desincentiva la formalización del empleo. Por el contrario, en provincias como La Rioja, la baja litigiosidad podría estar asociada a un menor dinamismo en el mercado laboral o a la falta de acceso a mecanismos de resolución de conflictos.

«Para las PyMEs, el riesgo de enfrentar un juicio laboral puede ser determinante a la hora de contratar. En provincias con alta litigiosidad, muchas empresas optan por no formalizar a sus trabajadores para evitar costos y riesgos», señaló Caullo.

Hacia un sistema más equilibrado
Ante esta situación, expertos coinciden en la necesidad de avanzar hacia un sistema laboral más equilibrado y previsible. La reciente reglamentación de los Títulos IV y V de la Ley de Bases (27.742), que promueven el empleo registrado y la modernización laboral, es un paso en la dirección correcta. Sin embargo, se requiere una reforma integral que garantice la uniformidad en la aplicación de la normativa y reduzca los incentivos a la judicialización.

Mientras tanto, la brecha entre provincias como La Rioja, con bajos niveles de litigiosidad, y otras como San Luis y Mendoza, con tasas alarmantes, seguirá siendo un tema central en el debate sobre el futuro del empleo formal en Argentina. La clave estará en encontrar un equilibrio que proteja los derechos de los trabajadores sin desincentivar la inversión y la creación de empleo.