Un informe privado revela que, a contramano de la tendencia nacional donde las demandas se dispararon, la provincia mantiene índices bajos de judicialización. El contraste con Santa Fe y el impacto en los costos laborales.
La «industria del juicio» laboral volvió a encender las alarmas en el sector empresario argentino, pero La Rioja parece haber quedado al margen de la tormenta judicial que golpea a otras regiones. Según un informe reciente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la provincia registra uno de los índices de litigiosidad más bajos del país, ubicándose en el podio de los distritos con menor conflictividad en los tribunales laborales.
Los datos, que corresponden al promedio de enero a agosto de 2025, muestran una radiografía desigual del mapa judicial argentino. Mientras a nivel nacional se observa una desconexión preocupante —menos accidentes pero más demandas—, La Rioja registra apenas 0,8 juicios por cada 10.000 trabajadores asegurados.
Esta cifra coloca a la provincia en una situación de privilegio comparativo, muy lejos del promedio nacional de 10 juicios cada 10 mil empleados y a años luz de los distritos más calientes.
El contraste con el resto del país
El estudio de la Fundación Mediterránea expone una brecha abismal entre las jurisdicciones. En el extremo opuesto a la realidad riojana aparecen Santa Fe, con 24 juicios cada 10 mil trabajadores, y San Luis, con 23.
La Rioja comparte el fondo de la tabla de litigiosidad junto a Salta (0,1), Catamarca (0,3) y Tucumán (0,8), conformando un bloque regional en el NOA que se diferencia de la tendencia litigante del centro del país.
Este fenómeno de baja judicialización local contrasta con el panorama general descrito por Laura Caullo, responsable de la sección Social-Laboral de la Fundación Mediterránea: «Entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentó un marcado rebote, estimando al cierre de 2025 alrededor de 125.000 presentaciones».
Un alivio para el empleo local
La baja tasa de juicios en La Rioja representa una ventaja competitiva para la generación de empleo formal en la provincia. A nivel nacional, el informe advierte que «la litigiosidad laboral volvió a convertirse en un factor que condiciona la generación de empleo formal», generando «incertidumbre operativa y costos crecientes para las empresas».
El problema central que señalan los expertos es que las empresas terminan pagando en sus cuotas de ART más por el «riesgo judicial» que por los accidentes reales. «Así, las empresas argentinas terminan pagando menos por accidentes reales y más por riesgo judicial», explica el documento. Al tener índices tan bajos, las empresas radicadas en La Rioja escapan, en parte, a la lógica de arbitrariedad territorial que castiga a otras zonas productivas.
El foco en las pericias médicas
El informe apunta a los sistemas periciales provinciales como los responsables de estas distorsiones. En muchas jurisdicciones —donde la litigiosidad es alta— los peritos cobran honorarios atados al porcentaje de incapacidad que dictaminan, lo que genera «una tendencia sistemática al sobrediagnóstico».
Si bien la Ley 27.348 de 2017 intentó corregir esto creando Cuerpos de Peritos Médicos especializados, su implementación fue parcial. La situación de La Rioja sugiere que, o bien la siniestralidad es efectivamente baja, o el sistema judicial local no ofrece los mismos incentivos perversos para litigar que se observan en provincias como Santa Fe o Mendoza.
«Se estima que actualmente los juicios insumen aproximadamente un tercio de la alícuota, amenazando la sustentabilidad de la cobertura», advierten desde el IERAL, señalando que las alícuotas promedio ya llegaron al 2,9% de la masa salarial en agosto. En este contexto de presión sobre los costos laborales, los números de La Rioja aparecen como una excepción positiva en un mapa teñido por la vuelta de la alta litigiosidad.
