Litigiosidad laboral: La Rioja integra el grupo de provincias con bajo riesgo, pero persisten dudas por «juicios especulativos»
Un informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revela que, pese a tener un bajo impacto económico, el 74,4% de las demandas en la provincia terminan sin incapacidad o son rechazadas.
La problemática de los juicios por accidentes y enfermedades laborales continúa siendo un lastre para la competitividad económica de la Argentina. Un reciente informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) puso de manifiesto la profunda disparidad que existe entre las jurisdicciones del país tras el cierre del ejercicio 2025, un año que dejó un saldo de 127.700 juicios laborales y un sobrecosto para el sistema de USD 2.140 millones.
En este escenario, La Rioja se posiciona dentro del mapa nacional como una provincia de bajo nivel de riesgo. Sin embargo, los datos oficiales encienden una alarma sobre la calidad de la litigiosidad local. Según el organismo, el 74,4% de los juicios iniciados en la provincia terminan siendo rechazados, presentan un 0% de incapacidad o nunca fueron denunciados previamente ante la ART.
Esta cifra sugiere que, aunque el volumen de demandas no compromete la estabilidad del sistema a gran escala como sucede en Buenos Aires o CABA, existe en territorio riojano un «componente especulativo» significativo. «En algunas provincias con bajo nivel de riesgo, como La Rioja, se registra igualmente una alta proporción de juicios que terminan sin incapacidad», detalló el informe oficial.
El mapa de la litigiosidad
El estudio de la SRT clasifica a las provincias según su nivel de riesgo en función de la cantidad de juicios y su impacto económico. Las jurisdicciones de alto riesgo (CABA, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, entre otras) concentran el 70,6% de los trabajadores y el 71,2% de los pleitos.
En términos de sobrecosto económico, la brecha es abrumadora:
- Provincia de Buenos Aires: USD 892 millones.
- CABA: USD 517 millones.
- Santa Fe: USD 162 millones.
Disparidades regionales
El análisis por regiones muestra comportamientos atípicos. Mientras que en Cuyo la provincia de San Luis aparece como el caso más extremo del país —con un índice de judicialidad de 337 y un sobrecosto por trabajador de USD 837—, sus vecinas muestran realidades distintas. Mendoza registra 212 de judicialidad, mientras que San Juan se mantiene en niveles mínimos (60).
En el NOA, la situación de La Rioja contrasta con el estallido de litigiosidad en Jujuy, que rompe el patrón regional con 238 juicios de judicialidad y un costo de USD 461 por trabajador, muy por encima de Salta y Tucumán.
El camino de la reforma
Para frenar esta tendencia, la SRT insistió en la necesidad de aplicar plenamente la normativa vigente. La clave, según el organismo, reside en la Ley 27.348, que establece la creación de Cuerpos Médicos Forenses en cada provincia.
Estos cuerpos deben estar integrados por especialistas cuyos honorarios no estén atados al resultado del juicio, garantizando así la imparcialidad y reduciendo el margen para las demandas que el informe califica como «distorsionadas». Además, la reciente Ley 27.802 de modernización laboral otorga nuevas facultades a la Superintendencia para acelerar la implementación de estos mecanismos de control en todo el territorio nacional.