La medida, vigente desde el 1° de abril de 2025, busca facilitar el acceso a la justicia en zonas rurales y alejadas de la provincia, evitando traslados onerosos a Chilecito.
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja resolvió este miércoles, mediante el Acuerdo N° 46, elevar el monto máximo de competencia del Juzgado de Paz Letrado, del Trabajo y Conciliación de la Sexta Circunscripción Judicial, con sede en Villa Unión. El límite económico para que este tribunal intervenga en causas pasará de $1.500.000 a $2.000.000, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia en una de las regiones más extensas y de difícil conectividad de la provincia.
La decisión responde a las dificultades que enfrentan los habitantes de departamentos como Felipe Varela, Vinchina y General Lamadrid, así como de localidades rurales como Los Palacios, Santa Clara y Jagüé, quienes actualmente deben trasladarse hasta la ciudad de Chilecito (II Circunscripción) para litigar en casos que superan el monto establecido. Según el Tribunal, este desplazamiento genera «gastos onerosos» que obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos de los justiciables.
El acuerdo, firmado por los jueces Claudio José Ana (presidente), Claudio Nicolás Saúl y Luis Alberto N. Brizuela, se fundamenta en las facultades conferidas por el Artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Judicial (modificado por Ley 8.661), que permite ajustar excepcionalmente los montos por razones de equidad territorial.
Detalles clave:
- Vigencia: La nueva competencia regirá desde el 1° de abril de 2025.
- Excepciones: No aplica para juicios de desalojo ni otras materias reguladas por el Artículo 66 de la L.O.F.J.
- Difusión: El texto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y notificado al Consejo Profesional de Abogados.
La justicia destacó que la medida «responde a las necesidades urgentes de una población dispersa geográficamente, priorizando la proximidad de la justicia como derecho fundamental«.
Con esta actualización, La Rioja busca modernizar su estructura judicial y reducir las desigualdades en el acceso a los servicios legales, especialmente en zonas donde las distancias y las limitaciones económicas suelen ser barreras infranqueables para los ciudadanos.
