En un caso que cuestionó la estabilidad laboral de maestros transferidos a la provincia, el máximo tribunal ordenó pagar más de $24 millones en honorarios a los profesionales intervinientes. La demanda fue impulsada por un sindicato contra normas locales que obligaban a renunciar a cargos.
En el marco del expediente CSJ 1242/2003 (39-A)/CS1, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) resolvió este 10 de abril de 2025 regular los honorarios de los abogados que participaron en un litigio clave por los derechos de docentes riojanos, tras una demanda de la Asociación de Maestros y Profesores (A.M.P.) contra la Provincia de La Rioja. El fallo, que distribuyó más de $24 millones entre los profesionales, marca un precedente en casos de interés público sin reclamo económico directo.
El conflicto judicial se originó en la impugnación del Decreto 34/96 y la Ley 7306, que exigían a docentes transferidos desde la Nación a la provincia bajo la Ley 24.049 (1992) renunciar a cargos o horas cátedra excedentes, bajo amenaza de retención salarial. La A.M.P., como sindicato con personería gremial, argumentó que estas normas violaban la estabilidad laboral garantizada en el convenio de transferencia.
La CSJN, al regular los honorarios, aplicó los artículos 6°, 9°, 37 y 38 de la Ley 21.839 (régimen de honorarios), destacando la complejidad del caso y la labor de los equipos legales. Los montos se distribuyeron así:
- $9.950.000 para las doctoras María Elisa Reinoso y María Cecilia Reboredo, representantes de la A.M.P.
- $9.950.000 para los doctores Carlos Agustín Texido y Ricardo Guillermo Neubaum, abogados del Estado Nacional.
- $3.317.000 para el doctor César Luis Alberto Garay, defensor de la Provincia de La Rioja.
- $1.660.000 para los profesionales María Alejandra Muchart, Marcela A. Martínez y Silvio Bernardo Grenader, por otras representaciones en el caso.
El tribunal aclaró que los valores no incluyen IVA, el cual deberá sumarse según la situación tributaria de cada abogado, y ordenó el pago bajo el criterio de distribución de costas fijado en la sentencia original (fs. 909/920).
En su fundamentación, la Corte remarcó que se trató de un proceso «no susceptible de apreciación económica», ya que la acción buscaba solo la declaración de inconstitucionalidad de normas, sin reclamo monetario. No obstante, valoró el «esfuerzo profesional demostrado» en las más de 1.400 fojas del expediente, incluidas resoluciones técnicas complejas.
Este fallo cierra un capítulo judicial de tres décadas y refuerza el estándar de la CSJN para compensar a los letrados en casos estructurales, donde el impacto social prima sobre el interés pecuniario. La decisión también subraya el rol de los sindicatos en la defensa colectiva de derechos, en línea con el artículo 31 de la Ley 23.551 de asociaciones gremiales.
