El Consejo de Abogados de La Rioja recibe el fuerte respaldo de la FACA en su denuncia por la «ilegitimidad» de los concursos de jueces, que consideran «inconstitucionales» por la falta de representantes en el Consejo de la Magistratura.
La controversia en torno a los concursos para la designación de jueces en La Rioja escala con el reciente y contundente respaldo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) al Consejo de Abogados de La Rioja. La entidad nacional, que agrupa a los letrados de todo el país, ha declarado que los concursos son «ilegítimos e inconstitucionales» y que «no pueden ser convalidados», avivando la polémica en el ámbito judicial de la provincia.
Un «orden constitucional quebrantado»
El eje del reclamo, tanto del Consejo de Abogados riojano como ahora de la FACA, radica en que el Consejo de la Magistratura de La Rioja ha estado llevando a cabo estos concursos sin su debida y completa integración. Específicamente, el órgano colegiado de abogados local sostiene que la ausencia de su representante, así como el de los académicos de la carrera de Derecho, invalida todo el proceso de selección de jueces.
El documento emitido por la FACA es explícito en su preocupación: «Expresamos nuestra profunda preocupación en relación a los concursos realizados por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de La Rioja sin la integración exigida por la Constitución de esa provincia en su artículo 178, en tanto ha actuado sin la representación del estamento de los abogados, ni el de los académicos de la carrera de Derecho». La FACA subraya que esta falta de integración «deriva en una actuación ilegítima e inconstitucional que en modo alguno puede ser convalidada».
La Federación ha instado al Poder Judicial de La Rioja a «restablecer el orden constitucional quebrantado», apoyando firmemente los reclamos del Consejo de Abogados y Procuradores de La Rioja para dejar sin efecto cualquier actuación desarrollada por el Consejo de la Magistratura sin la integración constitucionalmente requerida. La situación pone en jaque la validez de futuras designaciones judiciales y profundiza el debate sobre la transparencia y el cumplimiento de la Carta Magna provincial.
