El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) genera un flujo de más de 17 mil millones de dólares para la minería en San Juan, según anunció el diputado de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni. En contraste, el gobernador Ricardo Quintela focaliza su agenda en la crítica a las políticas de Milei, con una imagen pública que se ubica como la más baja del país.
El contraste entre la situación política y económica de San Juan y La Rioja se acentúa tras recientes anuncios y encuestas. Mientras San Juan celebra la llegada de una inversión histórica, el gobernador riojano Ricardo Quintela mantiene una postura de fuerte confrontación con el Gobierno Nacional, lo que lo ubica en una situación de aislamiento frente a sus pares.
El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, anunció una inversión extranjera en minería para San Juan que supera los 17 mil millones de dólares. Este hito, según Bornoroni, es el resultado directo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei. La llegada de estos fondos se proyecta como un catalizador para convertir a la Argentina en una «POTENCIA MINERA» y generar «más trabajo» y «más producción».

Por su parte, el gobernador de La Rioja se ha mantenido en una postura de dura crítica a la Casa Rosada. Quintela calificó los vetos presidenciales a leyes clave como una «afrenta directa del gobierno nacional contra el pueblo argentino» y de un «acto absoluto de inhumanidad». A diferencia de la agenda productiva de San Juan, el foco del mandatario riojano se centra en la polarización, acusando al gobierno de Milei de ser «tiránico» y de gobernar con «odio, con desprecio, con indiferencia».
Este enfoque político contrasta con el bajo apoyo popular que el gobernador riojano exhibe en su propia provincia. Un ranking de CB Consultora de agosto de 2025 reveló que Quintela tiene la peor imagen positiva del país (44,5%) y que el intendente de La Rioja capital, Armando Molina, también figura entre los peor calificados, con una aprobación de solo el 37,1%. Mientras una provincia celebra los beneficios económicos de una política nacional, la otra se encuentra en un escenario de confrontación política y de desaprobación popular.




