Con la orden de «invisibilizar» el debate electoral, el gobierno de Ricardo Quintela intenta blindar su estrategia. Pero el oficialismo es un «hervidero» interno, donde la discusión por las listas es, en realidad, el primer gran choque por el poder en la era del «post-quintelismo».
En la Residencia Oficial, el búnker de Ricardo Quintela, la directiva es clara: la campaña se enfoca en la gestión, no se habla del armado de listas. La estrategia, a simple vista, busca evitar los problemas internos, mantener la imagen de un oficialismo unido y concentrar los esfuerzos en los problemas de la gente. Pero detrás del silencio oficial, el peronismo riojano es un «hervidero» de tensiones, de negociaciones secretas y de una ansiedad que crece a medida que se acerca el cierre de listas. La razón es simple: el armado de la oferta electoral es la base para discutir el «post-quintelismo».
El gobernador lo sabe, y por eso su decisión ya está tomada, aunque se la intente «invisibilizar». Gabriela Pedrali irá por su reelección, y el protagonismo de la lista será para el «quintelismo puro». Esto significa que los espacios clave estarán reservados para los dirigentes más leales y cercanos al mandatario, cerrando la puerta a otras expresiones del peronismo que, si bien son parte de la estructura, no forman parte del círculo íntimo.
El problema para el oficialismo es que no hablar del armado no significa que la discusión no exista. Los distintos sectores, con sus propios intereses y ambiciones, ven en la lista de diputados nacionales la primera gran oportunidad para posicionarse de cara a la salida de Quintela en 2027. Para ellos, un lugar en la boleta no es solo una banca; es una ficha de poder, un trampolín hacia el futuro que se dibuja sin el liderazgo del actual gobernador.
La rigidez de Quintela tiene una razón de ser. Él es consciente de que su poder, por más sólido que parezca, es frágil. Sabe que si «cede su poder, se diluye en cinco minutos». Por eso, el control férreo sobre el armado de listas no es un capricho, sino un acto de supervivencia política. El gobernador busca asegurarse de que su proyecto político siga vigente, aun después de dejar el cargo. El desafío es si podrá mantener a raya las tensiones internas o si la presión por la renovación terminará por fracturar la unidad que tanto intenta proteger.
