El gobierno provincial lanzó una iniciativa que obliga a las empresas mineras a priorizar la contratación de empleados y proveedores riojanos. La medida, que busca impulsar el empleo y el desarrollo productivo, establece un 70% de cupo para la mano de obra local y permite a las pymes de la región ofrecer precios hasta un 15% más caros que la competencia de otras provincias.
La Rioja está sentando las bases para asegurarse de que el crecimiento del sector minero, en particular el del litio, tenga un impacto directo y significativo en su economía. El gobierno provincial lanzó formalmente el «Registro Provincial de Proveedores de Empresas Mineras», un instrumento que, a través de una ley, busca blindar el empleo y el desarrollo de empresas locales frente a la llegada de grandes inversiones.
La iniciativa, que ya está disponible para el sector, establece reglas claras y obligatorias para las empresas mineras que deseen operar en el territorio riojano. La normativa impone dos requisitos fundamentales:
- Mano de obra riojana: Un 70% de los empleados que contraten las empresas mineras deberán ser de origen riojano.
- Proveedores locales: El 70% de los proveedores de bienes y servicios, en diferentes rubros, también deberán ser locales.
Pero el punto más llamativo es que la ley le da una ventaja competitiva a las empresas riojanas: podrán cobrar hasta un 15% más por sus bienes o servicios que sus competidores de otras provincias, y aun así tendrán prioridad para ser contratadas. .
Criterios de cercanía y «anillos geográficos»
El nuevo sistema de registro también introduce un concepto clave: los “anillos” geográficos de cercanía. Las empresas mineras deberán priorizar la contratación de proveedores que se encuentren más cerca del lugar de explotación. Si no lo hacen, tendrán que justificar la imposibilidad de contratar a una empresa de esa zona, demostrando que no existen los bienes o servicios requeridos en la región más cercana.
Además, la normativa exige que las empresas riojanas inscritas en el registro tengan al menos un año de radicación legal en la provincia. La ley permite que se asocien con capitales externos, pero esta asociación deberá ser debidamente acreditada. La medida provincial es una clara señal de que el gobierno busca evitar que el crecimiento del sector minero se limite a la extracción, y pretende que se traduzca en desarrollo para la economía local.
