El Gobierno riojano promulga la «Ley de Capacitación en Discapacidad»: será obligatoria y la negativa se castigará como falta grave

La Rioja avanza en la inclusión: la nueva Ley N° 10.832 modifica una normativa clave, estableciendo que la capacitación en derechos de personas con discapacidad es obligatoria para los agentes públicos. Quien se niegue a realizarla sin justa causa será sancionado por falta grave y se publicará la nómina de los que sí cumplan.

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La Rioja se posiciona a la vanguardia en la formación de sus funcionarios en materia de derechos humanos. El gobernador Ricardo Quintela, mediante el Decreto N° 1.353 del 9 de octubre de 2025, promulgó la Ley N° 10.832, que modifica la Ley N° 10.388.

La normativa, que fue un proyecto de la diputada Lourdes Alejandrina Ortiz, introduce cambios fundamentales para garantizar que el personal de la administración pública adquiera una «perspectiva en derechos humanos de las personas con discapacidad».

Capacitación obligatoria y sanción por «falta grave»

El artículo modificado establece que la capacitación es obligatoria para los agentes y autoridades provinciales. Pero el punto más significativo es el régimen de sanciones que acompaña esta exigencia:

• Intimación y Sanción: Las personas que se negaren a realizar la capacitación «sin justa causa» serán intimadas. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave, lo que dará lugar a la sanción disciplinaria pertinente.
• Transparencia: La Dirección General del Consejo de Discapacidad deberá hacer pública en su página web la nómina de las personas que hayan cumplido con las capacitaciones. Esta medida busca generar un registro visible de los funcionarios con perspectiva en derechos de las personas con discapacidad.

Refuerzo presupuestario

La Ley N° 10.832 también garantiza los recursos para su implementación, ya que autoriza a la Función Ejecutiva a efectuar las erogaciones presupuestarias necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.

Con esta promulgación, La Rioja refuerza el rol de la Dirección General del Consejo de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, como autoridad de aplicación de esta ley fundamental para la inclusión social.