La Legislatura aprobó una ley que establece campañas de concientización, capacitaciones obligatorias y acciones coordinadas entre el Estado, entidades financieras y fuerzas de seguridad para combatir una modalidad delictiva que registra un crecimiento sostenido en todo el país. El gobernador Ricardo Quintela promulgó la norma mediante el Decreto N° 1.089.
En respuesta al incremento de las estafas telefónicas y los fraudes digitales registrados en todo el país, la provincia de La Rioja puso en marcha un nuevo marco legal destinado a fortalecer la prevención y la educación ciudadana. Mediante la Ley N° 10.880, promulgada por el gobernador Ricardo Quintela a través del Decreto N° 1.089, se creó el Programa Provincial de Concientización y Prevención sobre Estafas Telefónicas y Digitales, una iniciativa que busca reducir el impacto de este tipo de delitos mediante campañas de información, capacitación y articulación institucional.
La norma fue sancionada por la Cámara de Diputados el 18 de junio de 2026, a partir de un proyecto presentado por el diputado Mario Claudio Ruiz, y establece una estrategia preventiva con alcance en todo el territorio provincial.
Prioridad para los sectores más vulnerables
El programa estará dirigido principalmente a los sectores considerados de mayor riesgo frente a las maniobras de fraude.
La ley identifica como población prioritaria a los adultos mayores, las niñas, niños y adolescentes y las personas con discapacidad, aunque las acciones de prevención estarán destinadas a toda la comunidad.
El objetivo es brindar herramientas que permitan reconocer las modalidades más frecuentes utilizadas por organizaciones delictivas, como llamados telefónicos falsos, suplantación de identidad, fraudes bancarios, engaños mediante aplicaciones de mensajería y estafas a través de redes sociales.
Campañas de prevención y capacitación
Entre los principales objetivos fijados por la nueva legislación se encuentran:
- Difundir información sobre las modalidades de estafas telefónicas y digitales.
- Capacitar a la población para identificar intentos de fraude.
- Brindar protocolos de actuación para que las víctimas puedan denunciar rápidamente estos delitos.
- Elaborar estadísticas periódicas que permitan evaluar la evolución y la eficacia del programa.
La intención es que las campañas no se limiten a acciones informativas, sino que promuevan conductas preventivas frente a una modalidad delictiva que se ha expandido con el crecimiento de los servicios digitales.
Capacitaciones obligatorias en escuelas y organismos públicos
Uno de los aspectos más relevantes de la ley establece que las actividades de capacitación serán obligatorias en:
- Todos los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia.
- Las tres funciones del Estado provincial.
- Organismos descentralizados y autárquicos.
- Empresas estatales.
De esta manera, la prevención de las estafas digitales pasará a formar parte de las acciones permanentes de formación tanto en el sistema educativo como en la administración pública.
El Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación
La ley designa al Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos como autoridad de aplicación del programa.
Además, faculta al organismo a celebrar convenios con entidades bancarias y financieras, tanto públicas como privadas, y con fuerzas de seguridad provinciales, nacionales e internacionales para coordinar acciones de prevención, intercambio de información y capacitación especializada.
Reglamentación en un plazo de 120 días
La normativa establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 120 días posteriores a su promulgación.
También invita a los municipios riojanos a adherir al programa para ampliar las acciones preventivas en todo el territorio provincial.
Un delito en crecimiento a nivel nacional
La creación del programa se inscribe en un contexto de fuerte incremento de las estafas telefónicas y digitales en Argentina. Durante los últimos años, las modalidades conocidas como «cuento del tío», falsas promociones bancarias, secuestros virtuales, robo de claves mediante phishing y fraudes por redes sociales se convirtieron en uno de los delitos económicos de mayor crecimiento.
Con esta nueva legislación, La Rioja busca fortalecer la prevención mediante la educación ciudadana y la coordinación entre organismos públicos y privados, apostando a reducir el número de víctimas antes que intervenir únicamente una vez consumado el delito.
