La defensa de uno de los detenidos en La Rioja por la estafa laboral vinculada al festival cordobés asegura que los organizadores locales fueron utilizados como intermediarios y que el dinero recaudado fue transferido íntegramente a una productora en Córdoba.
El escándalo por la falsa convocatoria laboral para el festival Cosquín Rock sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de la doctora Soledad Varas, abogada de Pablo «Piti» Martínez, uno de los tres detenidos en la capital riojana. En una entrevista que arroja luz sobre la logística del fraude, la letrada sostuvo que su asistido no es un victimario, sino una víctima más de una estructura mayor radicada en la provincia vecina.
El nexo con Córdoba y la «oferta fraudulenta»
Según Varas, la estafa fue orquestada por una empresa denominada «En Vivos Producciones», con sede en Córdoba, y señaló directamente a un hombre de apellido Coronel como el responsable de recibir los fondos. «Hubo una estafa por parte de una empresa productora de Córdoba. Mi defendido fue burlado en su buena fe», afirmó la abogada, subrayando que Martínez y los otros dos detenidos eran solo «la punta del ovillo».
La defensa argumentó que la propuesta no parecía improvisada, ya que las tratativas comenzaron el año pasado. «Dos de las personas detenidas en La Rioja viajaron a Córdoba a conversar de manera personal con el encargado de la empresa para tratar las condiciones. Era una propuesta que en un 90% no tenía ninguna posibilidad de tratarse de un fraude», explicó Varas en diálogo con Medios Rioja.
El destino del dinero: «No se quedó con un peso»
Uno de los puntos más críticos de la investigación son las transferencias de dinero —sumas de entre 40.000 y 90.000 pesos— que los damnificados realizaban para supuestos trámites de antecedentes y kits de seguridad. Al respecto, Varas fue tajante: «Nos hemos tomado el trabajo de imprimir todas y cada una de las transferencias que estas 116 personas le hicieron al señor Martínez y las copias de las transferencias que el señor Martínez pasó de manera inmediata al encargado de la empresa cordobesa».
La abogada aseguró haber presentado toda la documentación en formato papel y digital ante el juez para demostrar que su cliente no obtuvo beneficio económico: «Martínez no se ha quedado con ninguna de las transferencias. Inmediatamente transfería a la cuenta de este señor Pablo Coronel».
La situación laboral en el Municipio
La detención de Martínez también generó ruido político, dado que se desempeñaba como director de seguridad en el municipio de la Capital. Varas confirmó que su defendido fue notificado de su desvinculación un día después de quedar detenido, aunque el comunicado oficial indicaba que ya había sido separado del cargo una semana antes.
«Me sorprende. Considero que ha sido desvinculado justamente por esta situación», señaló la letrada, aclarando que la actividad de reclutamiento era una tarea privada «que nada tiene que ver con la función pública que él desempeñaba».
Incertidumbre y más denuncias
Mientras la justicia analiza las pruebas presentadas por la defensa y los chats de los grupos de WhatsApp, la cantidad de damnificados sigue creciendo, superando las 450 denuncias. «Llamaba la atención fuertemente la cantidad de personas que solicitaban», admitió Varas, pero reiteró que los detenidos locales actuaron convencidos de la legitimidad del evento, especialmente considerando que uno de ellos ya había trabajado previamente en el festival con la misma logística.
Por el momento, la defensa espera que el análisis de la documentación digital permita deslindar responsabilidades y apuntar hacia los responsables jerárquicos de la productora cordobesa.
