En un clima de alta tensión con la Casa Rosada y con las cuentas provinciales en rojo, el gobernador riojano anunció subas que llevan el piso salarial a los $726.000. Sin embargo, frente a una Canasta Básica Total que ya supera el millón de pesos para una familia tipo, los gremios advierten que la medida es insuficiente.
LA RIOJA. — En un nuevo capítulo de la confrontación abierta entre las provincias y el Ejecutivo Nacional, el gobierno de Ricardo Quintela oficializó este lunes un incremento salarial para la administración pública provincial. La medida, que busca mitigar el impacto de la inflación y el «ahogo financiero» denunciado ante la Nación, establece aumentos diferenciados por sector pero centrados en sumas fijas, una estrategia que el gobernador ha sostenido para intentar recomponer los ingresos más bajos.
Radiografía del aumento: sectores y montos
Según el anuncio oficial, que impactará en los haberes de febrero a cobrarse en marzo, el nuevo esquema se desglosa de la siguiente manera:
- Salud: Se otorgó un incremento del 11,5% al básico más una suma de $50.000 remunerativos. De esta forma, un médico recién iniciado pasará a cobrar un piso de $100.000, mientras que el personal administrativo del área tendrá un piso de $75.000.
- Educación: El acuerdo con los gremios docentes —aunque con resistencia de sectores como AMP— fijó una suba del 4% al básico, $70.000 remunerativos no bonificables por cargo y un aumento de $30.000 en el Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE). El piso salarial docente se elevó así a $715.000.
- Seguridad: Para los agentes de policía, el incremento es del 12% al básico, llevando el ingreso de un agente recién iniciado a $107.000.
- Administración Central y Otros Organismos: Se estableció una suma fija de $40.000 para vinculados al Estado, mientras que en la Justicia, Legislatura y municipios de la Capital, la variación salarial mínima no será inferior a $75.000.
El contraste con los datos del INDEC
A pesar de la magnitud nominal de los anuncios, los números de la provincia chocan de frente con la realidad estadística nacional. Según los últimos datos del INDEC para enero de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) —que marca la línea de pobreza— para un hogar de cuatro integrantes se ubicó en $1.360.299.
Incluso el nuevo piso salarial provincial de $726.000 (que incluye la tradicional «quincenita») apenas logra cubrir poco más de la mitad de lo necesario para que una familia tipo no sea considerada pobre. La brecha es aún más dramática en el sector salud, donde los gremios nucleados en SER SALUD ya reclamaron que «necesitan mínimamente un millón de pesos de bolsillo» para subsistir.
Dos modelos: Quintela vs. Milei
La política salarial de Quintela se ubica en las antípodas del «techo» que intenta imponer el gobierno de Javier Milei. Mientras que la Secretaría de Trabajo de la Nación ha buscado homologar paritarias que no superen el 2% mensual —en línea con su pauta de devaluación y objetivo de convergencia inflacionaria—, La Rioja ha optado por inyectar sumas fijas de mayor impacto porcentual en los escalafones bajos.
Esta decisión profundiza el conflicto político. Desde Olivos cuestionan que las provincias aumenten el gasto público mientras se encuentran en situación de default técnico o reclaman fondos coparticipables adeudados. Por su parte, el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna Corzo, defendió la inversión de $92.000 millones mensuales en salarios como una medida de «justicia social» frente al ajuste nacional.
Comparativa federal
La Rioja no está sola en este laberinto de asfixia y reclamos. En Entre Ríos, los gremios estatales rechazaron recientemente una propuesta de suma fija de entre $130.000 y $280.000 por considerarla exigua. En tanto, en Santa Fe, la discusión gira en torno a un incremento escalonado del 12,5% hasta junio.
Si se observa el Índice de Salarios del INDEC, el sector público nacional mostró un crecimiento de apenas el 1,0% en el último registro, quedando rezagado frente al sector privado registrado (2,5%). El modelo de «sumas fijas» de La Rioja logra un salto inicial mayor para los sueldos más bajos, pero corre el riesgo de «achatar» la pirámide salarial, dejando a profesionales de la salud y educación con haberes muy similares a personal sin antigüedad ni formación técnica.
