El dirigente libertario Javier Ruiz recurrió a la Justicia Federal tras las declaraciones del gobernador sobre la crisis de 2001, donde calificó las muertes de aquel entonces como «sacrificios que valen la pena».
La tensión política entre la Casa Rosada y la gobernación de La Rioja sumó un capítulo judicial de alto voltaje. Javier Horacio Ruiz, exconcejal de La Libertad Avanza en la capital provincial , formalizó una denuncia penal contra el gobernador Ricardo Clemente Quintela. El escrito no solo invoca figuras del Código Penal local, sino que escala hasta el Estatuto de Roma, sugiriendo que el mandatario podría haber incurrido en delitos de lesa humanidad.
El peso de las palabras: ¿Instigación o libertad de expresión?
El eje de la presentación judicial reside en las recientes declaraciones públicas de Quintela, quien cuestionó la legitimidad temporal del mandato de Javier Milei. Según el documento, el gobernador afirmó que «este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027».
Para Ruiz, estas expresiones exceden la crítica política y constituyen una instigación pública a la alteración del orden constitucional. La denuncia sostiene que el mandatario provincial utilizó su investidura para validar una interrupción anticipada del poder presidencial por vías no democráticas.
«Hay sacrificios que valen la pena, porque sino vamos a tener un genocidio social enorme», fue la frase de Quintela que fundamenta el pedido de investigación por apología del delito.
El 2001 en el banquillo: la tesis de la Lesa Humanidad
El punto más disruptivo del escrito presentado por el referente libertario es el encuadre bajo el Estatuto de Roma. Quintela recordó la crisis de diciembre de 2001 mencionando que en aquel entonces «tomamos decisiones» y reconoció la muerte de «36 compañeros», calificando esas pérdidas humanas como «sacrificios que valieron la pena».
La denuncia sostiene que estas palabras permiten inferir la participación de Quintela en una estructura política —el Partido Justicialista de aquel entonces— que habría asumido como legítima la exposición de civiles a riesgos de muerte con fines políticos. Al contar con presunta apoyatura estatal, Ruiz solicita que se investigue si estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles.
- Pedido de citación urgente: El denunciante solicita que se cite a Quintela para que precise quiénes dieron las órdenes en 2001 y qué rol cumplió él en dicha organización.
- Apología del delito: Se cuestiona la justificación pública de episodios violentos con resultado de muerte.
- Afectación del orden federal: El escrito advierte que los dichos del gobernador comprometen bienes jurídicos del sistema institucional argentino.
«Dichas expresiones no pueden ser abordadas con liviandad… el propio Gobernador reconoce públicamente la muerte de treinta y seis civiles», destaca el texto judicial.
El escenario judicial y político
La presentación de Ruiz, un hombre de las filas de La Libertad Avanza, añade un componente de confrontación directa en la provincia. La competencia federal se fundamenta en que los hechos aluden directamente al orden institucional de la Nación y a tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Ahora, la Justicia deberá determinar si las palabras de «El Gitano» fueron un exabrupto en el marco de la contienda política o si, como sostiene el exconcejal libertario, existen elementos suficientes para iniciar una causa penal de dimensiones históricas.
La denuncia
