Un consorcio de empresas elevó un recurso extraordinario federal denunciando la inconstitucionalidad de la ley riojana que declara al mineral como recurso estratégico; aseguran que la provincia está otorgando sus áreas a terceros mientras la Justicia demora una definición.
La batalla judicial por el litio, el «oro blanco» de la transición energética, llegó a su punto de máxima tensión en el noroeste argentino. Tras meses de idas y vueltas en los tribunales locales, el caso «Petra Gold Servicios Mineros S.R.L. y otros c/ Provincia de La Rioja» aterrizó finalmente en la mesa de entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El conflicto se originó cuando la Legislatura de La Rioja sancionó la Ley N° 10.608, que declaró al litio como recurso estratégico y dispuso la caducidad de los permisos mineros otorgados previamente a privados para delegarlos en la empresa estatal EMSE.
«La normativa provincial es palmariamente inconstitucional a la luz de los derechos de propiedad y defensa en juicio establecidos en la Constitución Nacional».
El «despojo» en cifras y expedientes
Los demandantes —entre los que se encuentran Petra Gold, Servicios Logísticos S.R.L. y particulares— denuncian que son titulares de permisos de cateo debidamente tramitados entre 2021 y 2022, tales como «Los Sapitos» y «Gary». Según el escrito presentado por los abogados Laura Almonacid y Juan Sonoda, la provincia ha iniciado un proceso de «despojo ilegal» al liberar estas áreas para entregárselas a terceros o explotarlas en asociación con otros grupos económicos.
Para los letrados, el riesgo es inminente: mientras la causa de fondo se debate, el Boletín Oficial de La Rioja ya muestra publicaciones de nuevas solicitudes de cateo (denominadas «Belle», «Kallpa» y «Nueve») sobre las mismas coordenadas geográficas que pertenecían a sus mandantes.
Arbitrariedad y «denegación de justicia»
El recurso extraordinario federal apunta contra el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJ), al que acusan de haber demorado casi dos años en el trámite y de rechazar medidas cautelares básicas mediante argumentos «dogmáticos».
El nudo de la discordia judicial se centra en la contracautela. El tribunal provincial rechazó proteger las áreas mineras argumentando que la «caución juratoria» (una promesa bajo juramento) ofrecida por las empresas era insuficiente frente a los valores económicos «incalculables» que el litio representa para el Estado.
«Es manifiestamente arbitrario que el tribunal exija a una parte adivinar la garantía exacta que el juez considera adecuada, bajo pena de rechazo de la medida».
Lo que debe resolver la Corte
La defensa de las mineras solicita que el Máximo Tribunal de la Nación revoque la decisión riojana y ordene una medida de no innovar y una anotación de litis. El objetivo es que cualquier tercero que reciba derechos sobre esas tierras sepa que existe un litigio previo, evitando que aleguen «buena fe» en el futuro.
Con el expediente CSJ 000292/2026-00 ya en despacho, la Corte Suprema tiene ahora la llave para convalidar el modelo de gestión estatal de La Rioja o, por el contrario, poner un freno a lo que las empresas consideran un avance ilegal sobre la propiedad privada y la seguridad jurídica minera en la Argentina.
La presentación
