El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo; el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera; y el ministro de Industria, Federico Bazán, garantizaron que el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco no corren riesgo de embargo ante la embestida judicial en Estados Unidos. Las autoridades expusieron que el default parcial y la reestructuración de la deuda derivan del bloqueo de fondos por parte del gobierno central.
En un escenario de máxima tensión financiera y disputas en los tribunales internacionales, el Gobierno de La Rioja brindó este jueves precisiones sobre la reestructuración de la deuda contraída bajo el denominado «Bono Verde». En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, junto al secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, y el ministro de Industria, Federico Bazán, salieron a desarticular los rumores de embargos sobre empresas estatales y apuntaron al gobierno nacional como el principal responsable del actual estrés fiscal.
El mensaje oficial encabezado por Luna Corzo buscó neutralizar la zozobra generada por la reciente estrategia de los bonistas, quienes intentan ampliar sus demandas desde Nueva York hacia los tribunales de Massachusetts. Frente a esto, el jefe de Gabinete fue categórico: los activos del Banco Rioja y del Parque Eólico Arauco están a resguardo. Apoyados en el asesoramiento de la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y los abogados que representan a la provincia en Estados Unidos, recalcaron que el principio de soberanía nacional impide la ejecución de sentencias extranjeras sobre estos bienes estratégicos.
El origen de la crisis y el reclamo a la Nación
Las autoridades dejaron en claro que la voluntad de pago sigue intacta y que la reestructuración del Bono Verde busca un esquema que otorgue previsibilidad. Sin embargo, insistieron en que la raíz de la imposibilidad de afrontar los vencimientos radica directamente en el desfinanciamiento provocado por la Nación.
Según detallaron, la Nación interrumpió abruptamente el envío de los fondos extracoparticipables. Pese a los reiterados intentos de diálogo interinstitucional —de los cuales participó el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, junto a legisladores de distintas fuerzas en el Congreso de la Nación—, la falta de respuestas ha menoscabado severamente las finanzas locales. Esto obligó a la provincia a priorizar la recaudación para el pago de la masa salarial y los servicios esenciales.
Tarifas, salarios y el frente minero
Durante el encuentro, Luna Corzo también abordó el impacto de la crisis en los servicios básicos. Explicó que el elevado costo de la energía obedece a decisiones nacionales sobre la administradora CAMMESA y los recortes en los subsidios, cuyos valores sufrieron fuertes saltos tarifarios desde fines de 2023 y que las distribuidoras deben trasladar inevitablemente a los usuarios. En un intento por brindar alivio en medio del ajuste, se anticipó que el Ejecutivo evalúa adelantar el cronograma de pago de sueldos de la administración pública.
Finalmente, el ministro de Industria, Federico Bazán, fijó la postura provincial respecto a la actividad minera, puntualmente sobre el megaproyecto cuprífero Vicuña. La Rioja exige ser parte activa del desarrollo económico que genera este emprendimiento —cuyo acceso logístico histórico se realiza por la provincia— reclamando la contratación de mano de obra local, el desarrollo de proveedores y obras de infraestructura para las comunidades aledañas.
